El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, Economía y Estudios Legislativos, por el que se expide la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
La legislación, aprobada en lo general con 75 votos a favor y 37 en contra, tiene el objeto de implementar el marco legal para la simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en los tres órdenes de gobierno.
En lo particular, senadores de PAN, PRI y MC presentaron reservas para modificar diversos artículos del proyecto, pero no fueron aceptadas por la asamblea, por lo que estas disposiciones fueron aprobadas en los términos del dictamen, con 63 votos a favor y 36 en contra.
Con la ley se habilita el Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el Modelo Nacional para la Digitalización, el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas; además del Modelo Nacional de Atención Ciudadana.
También plantea la creación de herramientas como la Llave MX para establecer el mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales, asociada a la CURP del titular, el Expediente Digital Ciudadano, el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
La minuta fue remitida al Senado de la República, por parte de la Cámara de Diputados y se deriva de una iniciativa propuesta por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.
En la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, expresó que con este proyecto se implementa una reingeniería para la administración y gestión pública, pues se lleva a cabo la simplificación, digitalización, homologación e interoperabilidad de trámites y servicios, con lo que se garantiza un acceso más transparente, seguro, accesible y económico para la ciudadanía a trámites y servicios.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Araceli Saucedo Reyes dijo que el dictamen atiende uno de los reclamos ciudadanos para agilizar los trámites burocráticos a nivel local, estatal y federal. Expedir esta ley, apuntó, ayudará a solucionar los excesos para que la población acceda de manera más eficiente a los servicios públicos.
Al anunciar el voto de Movimiento Ciudadano en contra, Alejandra Barrales Magdaleno mencionó que en lugar de ser una iniciativa que eficientice trámites, lo que hace es aminorar facultades de municipios y estados, al concentrar en la Agencia de Transformación Digital 22 nuevas atribuciones. Preocupa, dijo, la recolección de información personal que estará a cargo de la agencia, en esta era digital donde los datos personales se convierten en materia prima fundamental.
A favor, Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, dijo que lo que se propone con la nueva ley es una transformación profunda en la forma en que el gobierno se relaciona con la gente, un paso firme para que el gobierno deje de ser un obstáculo y se convierta en un facilitador de derechos. “No estamos hablando solo de digitalizar procesos, estamos hablando de rediseñar la relación entre el gobierno y la ciudadanía”, agregó.
Karen Castrejón Trujillo, del PVEM, externó la confianza de su grupo parlamentario en que la ley generará productividad y bienestar, a través de procesos gubernamentales eficientes para la simplificación administrativa, pero además permitirá a la ciudadanía ahorrar recursos económicos y tiempo.
Por el PRI, Néstor Camarillo Medina mencionó que en la nueva ley no existe una garantía real de privacidad, ni mecanismos de protección, tampoco se ha considerado a los millones de mexicanos que viven en zonas rurales sin internet y computadoras. Consideró que lo más insultante es que a los estados que han trabajado en mejorar sus trámites, se les impone un modelo único centralizado.
En representación del PAN, Laura Esquivel Torres indicó que la legislación pretende que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sea el “Big Brother” de todos los datos de los mexicanos; además de que al eliminar al Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y al Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria ya no existen mecanismos de rendición de cuentas.
Durante su posicionamiento por Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz expresó el respaldo a la visión de modernización del Ejecutivo Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, quien presentó la iniciativa para que México cuente con herramientas y capacidades tecnológicas de carácter público que permitan homologar trámites, reducir tiempos y combatir la corrupción con un marco más accesible, equitativo, influyente y ágil.
Una vez emitida la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña instruyó a remitir el dictamen al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
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