El Supremo de Estados Unidos emitió este jueves un fallo que permite a los estados quitar la financiación del plan público Medicaid a la mayor proveedora de servicios de salud reproductiva y de abortos del país, Parenthood, lo que supone un nuevo revés para los derechos reproductivos a nivel nacional.
La decisión del Alto Tribunal quedó dividida en 6-3, con la mayoría conservadora a favor de limitar los fondos y tres juezas liberales en contra del fallo, que da un nuevo impulso a los esfuerzos de miembros del partido republicano por desfinanciar a la red, que engloba a unos 600 centros de atención en todo EE.UU.
Según informes de la propia organización, el dinero de la sanidad pública destinado a Planned Parenthood no se utiliza para realizar interrupciones del embarazo, sino para medicamentos anticonceptivos, pruebas de embarazo y otros asuntos relacionados.
El caso se inició por una demanda presentada contra el Gobierno del estado de Carolina del Sur por impedir que la proveedora reciba fondos del programa de salud destinado a personas de bajos recursos.
Con esta decisión, el Tribunal se opone a que un beneficiario de Medicaid pueda demandar a los gobiernos estatales para que los servicios de Planned Parenthood entren en su cobertura de salud porque, según alegan, en sus centros se realizan interrupciones del embarazo.
Aunque el aborto en Carolina del Sur está prohibido después de las seis semanas de gestación, el Gobierno republicano de ese territorio busca evitar que las personas que dependen del plan de salud estatal puedan acceder a cuidados médicos a través de Planned Parenthood.
Durante la vista celebrada en abril, el panel de jueces ya se había mostrado dividido. Por un lado, los conservadores estuvieron reticentes, como han explicado en la sentencia, a que un paciente pueda demandar a Carolina del Sur para que acceda a la clínica de planificación familiar bajo la cobertura de salud.
En cambio, la magistradas liberales insistieron en que la ley que creó el programa de sanidad gubernamental establece que los pacientes deben poder ser atendidos por cualquier proveedor que acepte Medicaid.
Este fallo supone un nuevo ataque para los derechos reproductivos en Estados Unidos después de que el Supremo eliminara en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional y dejara las decisiones sobre este tema a los estados.
Como resultado, el aborto es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de EE.UU., según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.
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