Durante años, hablar de «inteligencia» en México era sinónimo de espionaje político, de persecución a periodistas, activistas y opositores, de gobiernos autoritarios usando recursos públicos para vigilar en lugar de proteger. En estados como Puebla, lo vivimos de manera dolorosa: el morenovallismo usó la inteligencia como arma, no como herramienta. Y eso lo sabemos bien quienes resistimos desde la oposición, con pruebas, denuncias y agravios que aún no han sanado del todo.
Hoy, las cosas están cambiando.
Con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, damos un paso histórico y necesario. No para convertirnos en un «gran hermano» que todo lo ve, sino para construir un Estado que no sea ciego ante el crimen organizado, que no reaccione tarde, y que no siga improvisando frente a una crisis de seguridad que demanda inteligencia, planeación y datos.
Porque la seguridad no se construye con ocurrencias ni con despliegues mediáticos. Se construye con un sistema que piense, que cruce información, que anticipe amenazas y que actúe con legalidad. Esta ley crea ese sistema: con una Plataforma Central de Inteligencia que integra esfuerzos, elimina duplicidades y fortalece la coordinación nacional. Una red que permita desarticular redes delictivas, no ideologías. Una base de datos al servicio de la justicia, no de la represión.
Y sí, es válido que haya dudas. Porque venimos de gobiernos que traicionaron la confianza ciudadana, que abusaron del poder. Pero esta ley no repite ese modelo: lo entierra. Establece límites claros, auditorías, protocolos, destrucción de datos innecesarios. Y algo más: somete al Centro Nacional de Inteligencia a un verdadero control democrático. Ya no más cajas negras. Ya no más secretos para justificar la impunidad.
No se trata de un capricho político, sino de una necesidad estructural. ¿Cómo vamos a combatir al huachicol, a los secuestros, a la extorsión, si ni siquiera compartimos información entre fiscalías? ¿Cómo vamos a proteger a las víctimas si no hay bases de datos unificadas? ¿Cómo vamos a recuperar la paz si seguimos parchando el sistema con acciones aisladas?.
Esta ley también responde al clamor de los colectivos de personas desaparecidas, que han denunciado por años la falta de coordinación institucional. Con ella, el Estado mexicano por fin podrá articular un verdadero sistema nacional de búsqueda, de análisis criminal, de justicia.
Y para quienes ahora se rasgan las vestiduras, los mismos que aplaudieron el espionaje selectivo y los pactos oscuros del pasado, hay que decirles algo muy claro: aquí no hay espacio para la simulación. Esta ley fortalece la soberanía, nos permite hablar de tú a tú con otras potencias, sin subordinación, sin entreguismo. Porque un México fuerte no es el que se arrodilla ante agencias extranjeras, sino el que construye su propia inteligencia con ética y legalidad.
En Puebla y en todo el país, sabemos que el dolor que deja la violencia no se resuelve solo con discursos. Hace falta política pública con visión, con cabeza. Y eso es lo que estamos construyendo hoy. La seguridad es un derecho, y también una responsabilidad de Estado. Esta ley cumple con ambos.
Se acabaron los tiempos en que se espiaba desde el poder para sostener privilegios. Se acabó la época de los gobernadores con sus propias agencias clandestinas de vigilancia. Hoy apostamos por una nueva institucionalidad, por un sistema que protege, no que persigue.
Y aunque aún hay mucho por hacer, este es el camino correcto.
Sí a la inteligencia. No al espionaje.
Sí a la soberanía. No al entreguismo.
Sí a la seguridad con justicia.
Porque México merece vivir sin miedo, y el primer paso es que el Estado deje de caminar a ciegas.
FB. NORA ESCAMILLA
IG. y TW. @NoraMEscamilla
