Afectados por las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles desde el mes pasado demandaron este miércoles al Gobierno de Donald Trump por múltiples violaciones constitucionales y de perfil racial, en una querella legal catalogada como “histórica”, que busca detener los abusos denunciados.
La demanda de 63 páginas presentada en el Tribunal de Distrito para el Centro de California alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha “secuestrado y desaparecido” a miembros de la comunidad mediante prácticas ilegales de detención y arresto, basados en su color de piel, según explicaron los abogados demandantes en una conferencia de prensa.
La querella legal también acusa al DHS de confinar a los detenidos en un edificio federal de Los Ángeles en condiciones ilegales donde su salud corre peligro, y negándoles el acceso a abogados.
Los demandantes, cinco trabajadores detenidos y cuatro organizaciones —La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes—, argumentan que el Gobierno Trump ha arrestado y detenido “inconstitucionalmente” a personas para cumplir con una cuota “arbitraria” de arrestos.
La acción legal solicita al tribunal que emita medidas cautelares y permanentes para detener futuras violaciones a los derechos amparados por la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución.
Los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) y de Public Counsel, entre otros grupos que representan a los demandantes, explicaron que buscan que el litigio sea colectivo y favorezca a afectados en siete condados que hacen parte la zona metropolitana de Los Ángeles.
Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU Socal, catalogó la batalla legal como “histórica”, al remarcar que las redadas migratorias en Los Ángeles han sido «ilegales, inmorales, e inconstitucionales».
“Desde el 6 de junio, matones enmascarados y merodeadores han invadido Los Ángeles, aterrorizando a nuestras comunidades de color y violando la Constitución en el proceso”, subrayó.
El lavadero de carros, símbolo de las redadas.
La demanda fue anunciada en un lavadero de carros, ubicado en la ciudad de Torrance, donde el pasado 22 de junio hombres enmascarados que apenas portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado por en videos que se volvieron virales.
Uno de los dueños del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los supuestos agentes ingresaron a la fuerza a partes restringidas al público como los túneles donde está la maquinaria y confirmó que en los arrestos se usó fuerza excesiva.
“Básicamente los trataron como criminales, sin dignidad. No hay una justificación en Estados Unidos para hacer eso”, subrayó el propietario de Bubble Bath Car Wash.
Emily Hernández, familiar de uno de los trabajadores detenidos, contó que tras el arresto del inmigrante salvadoreño las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no han dado razón de su paradero.
Diez días después de la detención, los familiares no tienen un número de su caso ni información sobre el detenido. “Se siente como que no importamos, cómo si nuestra voz no tiene valor, pero si importamos, mi tío importa”, dijo entre lágrimas Hernández.
La justicia no tiene vacaciones
Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos coincidían en que los detenidos estaban incomunicados y que los arrestos estaban basados en perfil racial.
Al respecto, el abogado especializado en litigio Mark Rosenbaum, de Public Counsel, denunció que residentes de Los Ángeles han sido llevados y desaparecidos en instalaciones “similares a mazmorras”, súperpobladas; sin alimentos, atención médica e higiene básica ni camas.
«El objetivo de esta draconiana represión es desmantelar los derechos básicos al debido proceso y ocultar de la vista pública las horribles formas en que los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza tratan a ciudadanos y residentes… estigmatizados … como delincuentes violentos solo por el color de su piel”, ahondó el abogado.
Se espera que el tribunal responda pronto a la demanda y ordene una suspensión de las redadas y obligue a dar acceso a representación legal a los detenidos.
Esta mañana el Departamento de Justicia de EE.UU. fue notificado pero respondió que debido a las vacaciones del Día de la Independencia no responderán pronto.
“La Constitución no se toma vacaciones… Esta demanda, en parte, busca acabar con esa gran mentira de que estos detenidos son criminales, de que pueden arrestarlos sin una orden y no permitirles representación”, puntualizó Rosenbaum.
