Un presunto cártel inmobiliario de Oaxaca operó en Puebla el despojo de hogares en la Colonia Gobernadores de San Andrés Cholula.
No obstante que, los inmuebles dados supuestamente como garantía de dación de pago no eran propiedad de la persona demandada, un Juez de Oaxaca detonó el proceso que derivó en el desalojo de los legítimos propietarios, incluso algunos acreditados de Infonavit, aunado a que en la Orden Judicial se hablaba de un terreno baldío.
Las familias fueron desalojadas violentamente de sus hogares ubicados en la calle General Rosendo Márquez, en la colonia Gobernadores.
La orden fue emitida por el juez Paulino Coronel Díaz, del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, quien autorizó la toma de cinco viviendas para saldar una deuda de un millón de pesos, en un juicio donde los afectados no están involucrados.
Emma Dulce Flores Hernández reclamaba a Ángel Andrés Bustos Flores a través de un juicio ejecutivo mercantil una deuda de un millón de pesos y este ofreció un predio de 720 metros cuadrados, en el caso radicado en el Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, donde el juez Paulino Coronel ordenó la ejecución de la cláusula de posesión del inmueble, lo cual ocurrió el pasado miércoles 16 de julio.
Entre las personas afectadas están Juan Carlos Ruiz Ortega y su pareja Juana Santos; Mauricio Figueroa, Adán Larracilla y Ligia Sared, fueron desalojados por policías y civiles armados que irrumpieron en su casa, pese a acreditar la propiedad de sus hogares, porque el juez de Oaxaca adjudicó las casas para pagar una deuda que ni siquiera es de los legítimos propietarios.
Desde mayo de 2023, Ruiz Ortega había adquirido su casa con un crédito de Infonavit. Pese a tener todos los documentos en regla, fue desalojado. Su pareja, Juana Santos, denunció que la orden judicial hablaba de un terreno baldío, aunque las viviendas estaban habitadas desde hace años.
Un día después del desalojo, el 17 de julio, se reunieron cerca de las casas tomadas, pero fueron hostigados por personas a bordo de autos sin placas ni identificación.
Ante esto, presentaron una denuncia penal colectiva ante la Fiscalía y reciben asesoría legal del gobierno estatal y tramitan amparos, pero a 10 días del desalojo, no han obtenido una solución favorable.
Los despojados de sus hogares enfrentan una presunta red conformada por particulares, jueces y notarios de Oaxaca que se coluden para manipular el mercado de vivienda en su beneficio, promoviendo adjudicaciones fraudulentas y despojos ilegales, con el uso de documentación falsa o inexistente.
