Vidulfo Rosales, abogado durante casi 11 años de los familiares de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa desaparecidos en un caso que causó protestas internacionales en 2014 y que aún no se ha resuelto, anunció este jueves su renuncia como representante legal de padres y madres de los jóvenes.
En un comunicado, el litigante anunció su decisión, que también incluye su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.
«Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda».
Aunque no dio a conocer lo que hará en un futuro, medios locales reportaron que el defensor de derechos humanos se unirá al equipo de Hugo Aguilar, el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En una entrevista para Infobae México, Rosales afirmó que su renuncia al CDHM Tlachinollan se debió a motivos personales y de salud, y que la defensa de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa exigía “plena dedicación”, lo que se complicaba por su situación médica.
Asimismo, negó que su decisión tuviera que ver con una invitación para colaborar con la SCJN.
“Desde otra trinchera continuaremos en la lucha por la justicia y por los derechos humanos”.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán 11 años de la desaparición de los jóvenes normalistas y hasta el momento no se ha esclarecido el caso, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido “nuevas líneas de investigación” que ayuden a saber el paradero de los estudiantes.
El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
La presidenta mexicana ha prometido que «hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca” y ha anunciado una «nueva visión» de la investigación sin «confrontación» para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.
En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército había entregado toda la información relativa al caso Ayotzinapa, pero para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el suceso, se trató de una obstrucción por parte de las Fuerzas Armadas para evitar la investigación del rol que tuvieron en la desaparición.
Foto de EFE
