El pasado martes 19 de agosto de 2025 se llevó a cabo la última sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presidida por la ministra Norma Piña. Esa sesión extraordinaria marcó el cierre de una etapa en la historia del tribunal y, con ello, de una parte fundamental de nuestra vida republicana.
La relación de México con la justicia ha sido, en general, tóxica. Durante décadas se entendió como un servicio a la carta: las sentencias favorables eran mercancía al alcance de quien podía pagar más, no de quien tenía la razón jurídica. Sin embargo, a pesar de la corrupción y el escepticismo, hubo un proceso lento pero real de transformación: organismos de transparencia, presión ciudadana, vigilancia mediática y algunos funcionarios que, contra corriente, empezaron a actuar con profesionalismo y dignidad.
El Poder Judicial, con todos sus vicios, también mostró avances. Jueces, magistrados y ministros que venían de la carrera judicial, formados con rigor, comenzaron a destacarse. Todavía eran pocos, pero ya no resultaba descabellado arriesgarse a un juicio esperando que la sentencia estuviera apegada a derecho.
En paralelo, el crimen organizado extendió sus tentáculos hasta la seguridad y la impartición de justicia, mientras el poder político elevaba la presión para someter al Judicial. Aun así, hubo resoluciones históricas: sentencias que contradecían caprichos presidenciales, extradiciones de criminales peligrosos, decisiones que exigían valor en un contexto hostil. Aun así, el consenso era amplio, una reforma al Poder Judicial era necesaria, el tema era ¿Cuál reforma? ¿Cómo la construimos?
No olvidemos que estamos ante un régimen que agandalló una aplanadora legislativa que usa a capricho y sin sentido común, que no gusta del diálogo ni mucho menos del consenso, que ha mostrado un gran apetito autoritario y ganas de perpetuarse en el poder con base en la polarización social. Por lo que una reforma judicial bajo este contexto parecía muy peligrosa para la república.
Y en ese terreno movedizo ocurrió un gesto que, en otro país, habría pasado como simple anécdota protocolaria, pero en México se convirtió en símbolo: el 5 de febrero de 2023, durante la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución en Querétaro, la ministra presidenta Norma Piña permaneció sentada a la llegada del presidente López Obrador. No fue un desplante personal: fue un acto republicano. Sí se levantó para rendir honores a la bandera y al himno nacional, como lo marca el protocolo; pero no para ovacionar al mandatario, como lo exige una costumbre cortesana que nunca debió existir.
Ese simple gesto de dignidad debió ser leído como lo que era: una defensa de la independencia judicial y de la separación de poderes. Pero en un país donde la cultura política se ha construido sobre la adulación presidencial, la dignidad resultó escandalosa.
Desde entonces, la confrontación entre el Ejecutivo y la Corte escaló a niveles inéditos. La elección de Norma Piña en enero de 2023 ya había roto con la tradición de que el presidente en turno dictara quién encabezaría la SCJN. Ese acto de autonomía, que en cualquier democracia madura sería motivo de celebración, fue tomado por el aprendiz de autócrata como una afrenta personal. Desde ahí comenzaron los ataques abiertos a la ministra y a las resoluciones de la Corte, como si la justicia estuviera obligada a plegarse al proyecto de un solo hombre.
Seamos francos: una REFORMA JUDICIAL A MODO ya estaba en el guion. Es parte de la hoja de ruta de todo gobierno que coquetea con el autoritarismo. El gesto de la ministra sólo lo volvió personal.
Igual que ocurre con los ataques al INE: no se trata de su desempeño, ni de errores de consejeros; es que está en la lista del botín, porque ningún régimen que sueña con perpetuarse en el poder puede tolerar árbitros independientes.
Por eso el gesto de Norma Piña será recordado. Porque en un ambiente de sumisión, alguien se atrevió a marcar la diferencia.
Lo verdaderamente alarmante no es sólo la reacción autoritaria del presidente, sino el coro de justificadores que redujeron todo a: “pues si la ministra se hubiera puesto de pie, nada de esto pasaba”. ¿En serio? ¿Ese es el nivel? Entonces reconocen, sin darse cuenta, que todo se reduce a venganza, no a razones jurídicas o sociales. Eso es lo más peligroso: aceptar como normal que la voluntad del gobernante esté por encima de la ley.
Peor aún son esos políticos de la 4T que, sin una gota de convicción socialista ni republicana, celebran cada ocurrencia presidencial. Lo hacen por ambición o por miedo, no por principios. Se rinden, se justifican, se acomodan. Y lo hacen a costa de la república.
Por eso el gesto de la ministra no fue un capricho ni un acto menor: fue un recordatorio de que en México aún hay quienes saben cumplir con su deber. Norma Piña lo hizo bajo riesgo personal, enfrentando violencia verbal y simbólica —recordemos a la turba que quemó su efigie en el Zócalo— y aun así mantuvo la frente en alto hasta su retiro.
Y no está sola. Sería injusto no recordar la dignidad con la que otros han defendido nuestra democracia: expresidentes del IFE como Jorge Carpizo, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde o Lorenzo Córdova, que han sabido plantarse frente al poder con argumentos sólidos y posturas firmes. Como ellos, hay jueces, fiscales, periodistas, académicos, empresarios y millones de ciudadanos que no están dispuestos a rendirse ante el avance del autoritarismo.
En un país donde cada vez cuesta más alzar la voz, esos ejemplos cuentan. Son los que nos recuerdan que la república no está perdida mientras haya quienes la defiendan.
Por ellos, y por lo que representan, me pongo de pie. Para aplaudirles, para agradecerles, para dejar claro que no todo está sometido al capricho de un solo hombre. Porque frente a los tiranos, lo único que cabe es enfrentarlos.
¡Un abrazo!
Rubén Furlong Martínez
Los leo en X: @RubenFurlongM
