Académicos de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP llevaron a cabo un análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que profesores de distintas áreas coincidieron en que el documento presenta logros narrativos, pero también omisiones y carencias en temas clave como seguridad, migración, desarrollo social, salud, educación, medio ambiente y división de poderes.
El encuentro fue moderado por el Mtro. Juan Carlos Espina Von Roehrich, director de la Facultad, quien destacó la necesidad de someter el informe presidencial a una revisión crítica.
“Hoy el informe se limita a un discurso de la titular del Ejecutivo y al envío de un documento al Congreso, sin diálogo directo con la representación popular. Por eso, resulta fundamental que desde la academia hagamos un análisis objetivo de lo que se presentó”, señaló Juan Carlos Espina.
El Mtro. Valente Tallabs González, profesor de la Facultad, señaló que la seguridad fue uno de los ejes más destacados en el informe, aunque con inconsistencias en los datos.
“Se presume una reducción en homicidios dolosos, feminicidios y delitos de alto impacto. Sin embargo, estas comparaciones no son del todo precisas, pues contrastan periodos distintos y omiten la llamada ‘cifra negra’ de delitos no denunciados”, advirtió.
Tallabs González subrayó que, de acuerdo con el INEGI, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, lo que contrasta con la narrativa presidencial de que “hoy se puede caminar con seguridad”. Además, recordó que en el último año se han registrado más de 12 mil desapariciones forzadas, mientras delitos como la extorsión y la violencia intrafamiliar permanecen invisibilizados.
También enfatizó que la estrategia oficial sigue apostando por la militarización de la seguridad pública, a través de la Guardia Nacional, con fuerte influencia de la presión internacional para combatir al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.
La Dra. Lourdes Rosas López, resaltó que el informe presidencial omitió la gravedad de la crisis migratoria, agravada tras la cancelación del programa CBP One en Estados Unidos, decisión tomada por el presidente Donald Trump en enero de 2025.
“México se ha convertido en el corredor migratorio más importante del mundo, pero el informe minimiza la situación de miles de migrantes extranjeros en la frontera norte y de mexicanos que huyen por pobreza o violencia”, explicó.
La académica reconoció avances como la creación de la tarjeta Finavien para facilitar el envío de remesas y el trabajo de la red consular en EE.UU. Sin embargo, criticó que el informe se limitara a un recuento de trámites, sin políticas concretas para repatriados ni para connacionales en condiciones de precariedad laboral.
“Lo que vimos fue un recuento administrativo de atenciones, pero no una estrategia integral frente a la realidad de la migración”, concluyó Carrera.
La Dra. Ady Patricia Carrera Hernández abordó los temas de desarrollo social, salud y educación, considerados los más sensibles para la población.
Enfatizó que entre 2018 y 2025 el presupuesto federal destinado a estados y municipios se redujo del 31% al 26%, debilitando la capacidad local de atender necesidades ciudadanas.
“Eso deja a gobiernos estatales y municipales literalmente amarrados para responder a las necesidades ciudadanas”, afirmó.
En materia de salud, destacó que:
El IMSS Bienestar sufrió un recorte total en el último presupuesto.
44 millones de mexicanos carecen de seguridad social, lo que aumenta su vulnerabilidad.
La inequidad crece: México se mantiene entre los países con peor distribución del ingreso en la región más desigual del mundo.
En educación, lamentó el deterioro de la calidad y la eliminación de las evaluaciones nacionales de aprendizaje, lo que impide medir resultados reales.
“Nuestro sistema educativo está secuestrado por intereses sindicales y políticos. Sin mecanismos de evaluación ni incentivos para mejorar, no habrá transformación educativa real”, criticó.
Carrera Hernández también alertó sobre la falta de transparencia tras la desaparición del CONEVAL, organismo clave para evaluar políticas sociales.
“El informe fue más bien una fiesta política para celebrar a la presidenta, pero México no tiene nada que celebrar”, concluyó.
La Dra. Estefanía Martínez Tavera, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable, sostuvo que los temas ambientales quedaron relegados en el informe presidencial.
“Se habló de transición energética y reforestación, pero sin indicadores claros ni metas verificables. El cambio climático y la gestión del agua requieren estrategias de Estado, y en el informe quedaron como menciones generales”, señaló.
La académica señaló contradicciones en programas como Sembrando Vida, que incentiva la tala de bosques para obtener apoyos económicos, en lugar de fomentar la conservación.
En cuanto al agua, expresó su preocupación por la falta de claridad en proyectos hidráulicos para Puebla, la superficialidad del Compromiso 92 sobre el saneamiento del Atoyac, y la ausencia de un plan de restauración hídrica integral.
“El monitoreo satelital del acuífero es positivo, pero debería ser público y accesible para universidades. Hoy, los esfuerzos locales, como plantas de tratamiento municipales, ni siquiera se mencionan en el informe”, advirtió.
El Mtro. Juan Carlos Espina Von Roehrich hizo un balance político del informe, señalando una preocupante erosión institucional.
“Estamos observando un desdibujamiento de las instituciones tradicionales de la República y una concentración de poder preocupante. La reforma judicial y la instalación de una nueva Suprema Corte marcan un retroceso en la división de poderes”, alertó.
Aunque reconoció el liderazgo internacional de Sheinbaum en su trato con Trump y con actores empresariales, Juan Carlos Espina advirtió sobre un proceso de autocratización que amenaza la pluralidad política, la libertad de prensa y el federalismo.
En conjunto, los académicos coincidieron en que el informe mostró avances en programas sociales y en la narrativa oficial, pero sin resolver los problemas estructurales del país.
Reconocieron que apoyos a adultos mayores y mujeres han generado dignidad en sectores vulnerables.
Señalaron que la reducción de la pobreza no puede medirse solo por transferencias, sino por mejoras sostenibles en salud, educación y empleo.
En seguridad, advirtieron que la violencia, las desapariciones y el crimen organizado siguen siendo amenazas latentes.
En migración y medio ambiente, identificaron omisiones graves.
“México no tiene nada que celebrar todavía. El reto de este sexenio será pasar del discurso político a las soluciones estructurales, medibles y sostenibles”, concluyeron los académicos.
