En la reciente edición seminal de The Economist (“From Helsinki with love. What Finland could teach Ukraine about war and peace”) se propone revisar el “modelo finlandés” que positiviza una arquitectura institucional para la paz, basada en seguridad integral, defensa auditada, estado de fuerza y alianzas con compromisos verificables.
1) Seguridad integral con base legal clara: Finlandia actualizó en enero su Security Strategy for Society, documento que articula la “seguridad integral” (comprehensive security), consistente en el reparto de responsabilidades entre Estado, empresas y sociedad civil; así como la preparación para ciberataques, sabotaje y emergencias; y la coordinación interinstitucional obligatoria.
2) Estado de fuerza regulada: La reserva civil está compuesta por aproximadamente 900 mil ciudadanos; la fuerza de guerra prevista es de 280 mil efectivos. Esta estructura —modesta en tiempo de paz, masiva cuando hace falta— es derecho positivo: el servicio militar y la reserva están reglados, y su activación no depende de decisiones ad hoc.
3) Protección civil efectiva: Finlandia presume una de las redes de refugios más extensas del mundo: más de 50 mil, con capacidad para 4.8 millones de personas; muchos son estaciones de metro o estacionamientos subterráneos que, por norma, pueden reconvertirse en minutos.
4) Frontera, derecho y disuasión. Desde finales de 2023, Finlandia mantiene cerrados sus pasos con Rusia en respuesta a flujos instrumentalizados; en abril de 2025 decidió prolongar el cierre “hasta nuevo aviso” con base en la Ley de Guardafronteras. La doctrina es sencilla: el control fronterizo es una medida de orden público y seguridad nacional, no una guerra por otros medios.
5) Alianzas auditables. Mientras integra 64 aviones F-35 entre 2026 y 2030, Finlandia ha afinado interoperabilidad con la OTAN y una política de apoyo sostenido a Ucrania, con material de defensa por 2.7 miles de millones de euros (dentro de un paquete total de apoyo de 3.7 miles de millones de euros). Esta es la traducción operativa de una alianza: compromisos plurianuales, seguimiento, logística y entrenamiento.
El plan de Finlandia tiene como uno de sus ejes la experiencia del Memorándum de Budapest (1994) que impone una cautela: promesas políticas sin fuerza jurídica se derrumban cuando más se necesitan.
Por eso, toda garantía debería tomar forma de tratado o acuerdo internacional con obligaciones de entrega (armas, defensa aérea, inteligencia), mecanismos de supervisión y remedios por incumplimiento; y, reforzar el art. 42(7) del Tratado de la Unión Europea (cláusula de asistencia mutua) como instrumentos con obligaciones precisas.
El modelo finlandés está alineado con el Estado de derecho. Acepta correlaciones de fuerza sin desarmarse, invierte en resiliencia y ancla la diplomacia a capacidades verificables.
Si la tesis de The Economist es que Ucrania puede “repetir el éxito finlandés”, la versión jurídicamente sólida exige tres piezas: (1) leyes internas de seguridad integral y defensa civil con métricas y auditorías; (2) acuerdos internacionales vinculantes —bilaterales y de la UE— con calendarios, montos y penalidades; (3) una arquitectura de alianzas que prefigure la membresía plena en la OTAN y, entretanto, active todas las cláusulas europeas disponibles. Sin esas tres capas, cualquier “paz” será solo un alto el fuego vulnerable.
En resumen, el texto propone que la paz no se decreta, sino que se construye con normas, coordinación institucionales y alianzas interestatales que sobrevivan a los ciclos políticos.
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