La madrugada del 9 al 10 de septiembre de 2025 marcó un parteaguas en la seguridad europea: diecinueve drones militares rusos cruzaron el espacio aéreo de Polonia durante varias horas. Varsovia calificó la incursión como deliberada, la OTAN confirmó la violación, y Moscú eligió el silencio. A primera vista, podría pensarse en un incidente táctico, uno más en la larga lista de tensiones entre Rusia y la Alianza. Sin embargo, lo que está en juego es mayor: la credibilidad del principio de soberanía aérea, la fortaleza del sistema de seguridad colectiva y la capacidad del derecho internacional para responder a agresiones diseñadas precisamente para moverse en las grietas de la legalidad.
En su edición más reciente, The Economist lo describe como un “momento de verdad para la OTAN”. The Guardian lo plantea sin eufemismos: “Russia flew drones over Poland to test NATO”. Y desde Varsovia, Le Monde recoge la voz de los habitantes de la frontera oriental: “vivimos côte à côte avec l’ennemi” —vivimos al lado del enemigo—, relatando el temor cotidiano de familias que escuchan explosiones sobre sus techos o ven caer restos metálicos en sus campos. El derecho internacional, por tanto, no se juega solo en los foros de Ginebra o Nueva York: se juega también en la vida diaria de quienes experimentan la guerra como un vecino constante.
I. La soberanía aérea como principio jurídico inderogable
El espacio aéreo ha sido considerado históricamente un ámbito soberano. La Convención de Chicago de 1944 estableció que cada Estado tiene soberanía “plena y exclusiva” sobre el espacio que se extiende sobre su territorio. La práctica consuetudinaria lo ha reforzado: ingresar con aeronaves militares sin autorización constituye una violación directa de soberanía.
En este caso, la entrada de drones rusos se configura de inmediato como un uso ilícito de la fuerza contrario al artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados. Lo notable es que no hace falta un daño material o una víctima para establecer la ilicitud. Basta la intrusión en sí. Es un principio duro, no negociable.
II. El dilema: ¿uso de la fuerza o ataque armado?
Aquí surge la línea más fina del debate. El derecho internacional distingue entre el uso de la fuerza —siempre prohibido, pero que admite respuestas limitadas como contramedidas proporcionales— y el ataque armado, que abre la puerta al derecho de legítima defensa individual o colectiva (art. 51 de la Carta de la ONU).
La Corte Internacional de Justicia, en el caso Nicaragua contra Estados Unidos (1986), estableció que no todo uso de la fuerza constituye un ataque armado: se requiere un nivel de gravedad superior, generalmente vinculado a muertes, destrucción sustancial o afectación directa a la seguridad vital de un Estado.
En Polonia, los drones fueron interceptados, derribados y desviados. Hubo daños materiales limitados en viviendas —como reporta Le Monde en la localidad de Wyryki-Wola—, pero no bajas humanas ni infraestructura crítica destruida. Por eso, Varsovia optó por invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas cuando la seguridad de un miembro está amenazada, y no el artículo 5, que activa la defensa colectiva tras un ataque armado.
La decisión no fue solo diplomática: fue jurídica. Calibró la respuesta para mantener la cohesión aliada, restaurar la soberanía y evitar un casus belli (motivo de guerra) formal. Pero dejó al descubierto la fragilidad del umbral jurídico actual: la zona gris donde Moscú puede hostigar sin declarar la guerra.
III. Atribución y responsabilidad: la prueba decisiva
Para imputar responsabilidad internacional, Polonia y la OTAN deben demostrar que los drones fueron lanzados, dirigidos o tolerados por Rusia. El Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado de la CDI (2001) es claro: la atribución requiere pruebas sólidas de control efectivo.
Aquí entra la dimensión tecnológica: trayectorias de radar, telemetría, restos de los drones, señales de control. Sin esa base probatoria, cualquier acusación corre el riesgo de diluirse en el terreno político, presentado como un error técnico o incluso como una provocación aliada. Con ella, en cambio, se convierte en un expediente jurídico defendible en la ONU, en cortes regionales o en tribunales arbitrales.
El problema es que el Consejo de Seguridad está paralizado: el veto ruso impide cualquier sanción vinculante. Esta realidad muestra la obsolescencia de un sistema de seguridad colectiva que fue diseñado para otra época y que hoy queda maniatado ante las agresiones de un miembro permanente.
IV. Tecnología y derecho: cerrar la brecha de costos
Más allá de lo jurídico, la tecnología amplifica los dilemas. Derribar drones de cientos de dólares con cazas que cuestan millones es una estrategia insostenible. La OTAN ya lo entiende: por eso ha lanzado la Operación Eastern Sentry, con capas de defensa que integran radares civiles, inhibidores electrónicos, artillería antiaérea de corto alcance e interceptores baratos. Polonia, además, anunció que recibirá entrenamiento antidrón de especialistas ucranianos, que han acumulado experiencia real en este terreno.
Pero el aspecto crucial es que cada derribo debe estar documentado, registrado y presentado como prueba jurídica. No se trata solo de ganar la batalla tecnológica, sino de asegurar que cada acción pueda sostenerse en los foros legales y en la narrativa internacional. En un mundo donde la guerra híbrida se libra también en el plano normativo, la evidencia digital es tan estratégica como los misiles.
V. Escenarios prospectivos
Disuasión contenida y jurídica. La OTAN mantiene el argumento en términos del artículo 4, con derribos proporcionados, trazabilidad técnica y comunicación coordinada. Resultado: Moscú entiende que no habrá escalada automática, pero tampoco impunidad.
Normalización de la violación aérea. Si las incursiones se repiten y se aceptan como fricción tolerable, el derecho internacional se erosiona. Lo que hoy es ilícito podría, en la práctica, convertirse en costumbre tolerada: una transformación de facto del régimen aéreo.
Escalada inevitable. Un dron que cause muertes o destrucción crítica cruzará el umbral del “ataque armado”. Entonces, la OTAN tendrá que invocar el artículo 5. Las decisiones de hoy —documentar, atribuir, calibrar— son las que definirán la legitimidad de esa eventual reacción.
Conclusión: el derecho en el siglo de los drones
Los drones rusos sobre Polonia no declararon una guerra, pero sí declararon algo más inquietante: la vulnerabilidad del derecho internacional frente a agresiones calibradas en la “zona gris”. La soberanía aérea, que parecía un principio sólido, se ha convertido en un campo de experimentación estratégica.
Lo que Polonia, la OTAN y la comunidad internacional decidan hacer —o dejar de hacer— en este episodio marcará precedentes. Si la respuesta es jurídica, técnica y política a la vez, puede reforzarse la prohibición del uso de la fuerza y adaptarla al siglo XXI. Si, en cambio, se tolera la práctica, estaremos aceptando que el derecho internacional ya no protege el cielo, sino solo el suelo.
El desafío es claro: o el derecho internacional evoluciona con la tecnología, o quedará reducido a un catálogo de buenas intenciones incapaz de frenar a quienes entienden que la guerra ya no se libra solo con ejércitos, sino también con estructura invisibles volando en la noche.
Foto de X @unaiwind
