Elección Judicial no debe ser concurrente con Ejecutivo y Legislativo: Jacinto Herrera

El expresidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE Puebla), Jacinto Herrera Serrallonga, planteó que, en el marco de la reforma electoral en México, la elección del Poder Judicial no debería realizarse de forma concurrente con las elecciones en las que se definen los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Herrera destacó que el espíritu de la reforma debe centrarse en la ciudadanía y no en los partidos políticos. Además, propuso incorporar el voto electrónico y perfeccionar aspectos normativos que fortalezcan la transparencia y la certeza jurídica en los procesos electorales.

Discrepancias en la reforma electoral

El especialista recordó que aún persisten discrepancias derivadas de la pasada reforma electoral, entre ellas la falta de unificación de criterios y la acreditación de residencia, lo que –advirtió– atenta contra el principio de legalidad.

También señaló la existencia de criterios discrecionales para anular elecciones, lo cual genera incertidumbre y debe ser corregido mediante definiciones claras en la legislación.

🗳️ Principios democráticos en el sistema electoral

En la Audiencia Pública para la Reforma Electoral, Jacinto Herrera Serrallonga abordó el tema "Espíritu democrático en el sistema electoral mexicano, adhesión de la ciudadanía, articulación de la democracia y legislaciones… pic.twitter.com/LzNDIPbPkR

— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) September 24, 2025

Propuestas para fortalecer el sistema electoral

Jacinto Herrera, abogado especialista en Dirección y Gestión Pública, con experiencia en la defensa de derechos políticos y electorales, subrayó la necesidad de:

• Fortalecer el principio de máxima publicidad en materia jurisdiccional.
• Homologar los recursos a nivel local en todo el país para evitar discrepancias entre regulaciones estatales.
• Consolidar un marco legal más claro y uniforme que garantice certidumbre en los procesos electorales.

De esta manera, sostuvo, la reforma electoral debe garantizar procesos más confiables, con reglas claras que fortalezcan la democracia y los derechos ciudadanos.