En Nueva York, un juez federal analiza si una inteligencia artificial puede “aprender” de millones de artículos periodísticos sin pagar un centavo por derechos de autor.
En Bruselas, la Unión Europea aplica escalonadamente la primera ley integral del mundo para ponerle reglas a la IA. Ambos procesos definen cómo convivirá la innovación tecnológica con el derecho de autor y con los derechos fundamentales de las personas.
El caso emblemático: The New York Times contra OpenAI
El Times acusa a OpenAI, con el respaldo de Microsoft, de haber utilizado sus artículos para entrenar sistemas como ChatGPT. Según la demanda, el modelo es capaz de reproducir de manera casi literal fragmentos de reportajes publicados, lo que equivaldría a una copia encubierta.
El juez Sidney Stein ya permitió que las acusaciones centrales por violación de derechos de autor sigan adelante. Esto abre la puerta a una fase clave: el descubrimiento de pruebas, donde OpenAI deberá mostrar cómo y con qué materiales alimentó a su sistema. No se trata solo de dinero —aunque los daños podrían ser millonarios—, sino de fijar si entrenar una IA con obras protegidas puede considerarse un “uso justo” o, por el contrario, una explotación comercial que necesita licencia.
El impacto trasciende al periodismo. Si los tribunales consideran que entrenar modelos sin autorización es legal, los medios verán amenazada una fuente de ingresos vital. Si se determina lo contrario, se abrirá un mercado de licencias que puede reordenar toda la industria tecnológica.
La respuesta europea: la Ley de Inteligencia Artificial
Mientras en Estados Unidos la batalla se libra en tribunales, Europa ha optado por legislar. En julio de 2024 entró en vigor el AI Act, la primera ley del mundo que regula de manera integral la inteligencia artificial.
La norma divide los sistemas según su nivel de riesgo. Algunos, considerados inaceptables, están prohibidos: por ejemplo, el uso de la IA para manipular emociones, aplicar “puntajes sociales” o vigilar biométricamente en tiempo real.
Otros, clasificados como de alto riesgo —como los que se aplican en salud, educación o justicia— deberán cumplir con exigencias estrictas de transparencia, control de calidad de datos y certificaciones previas a su uso.
Además, el AI Act establece obligaciones escalonadas en el tiempo: desde el 2 de febrero de 2025 se aplican las prohibiciones a prácticas inaceptables y el deber de alfabetización en IA para usuarios y proveedores. A partir del 2 de agosto de 2025, los grandes modelos deben publicar resúmenes de los materiales con los que fueron entrenados y garantizar que respetan el derecho de los autores. Finalmente, en 2026 entrarán en vigor las reglas más estrictas para sistemas de alto riesgo, incluidas
auditorías y certificaciones de conformidad.
Dos caminos, un mismo desafío
El litigio del Times y la nueva legislación europea apuntan al mismo dilema: cómo equilibrar el avance de la inteligencia artificial con la protección de derechos. Los tribunales estadounidenses definirán si entrenar con obras protegidas es legal bajo el marco actual. La Unión Europea, en cambio, ya estableció un nuevo estándar obligatorio, que mandata a documentar datasets, respetar exclusiones y someter a controles a los sistemas más sensibles.
En ambos casos, el mensaje para las empresas es inequívoco: la innovación ya no basta. Ahora deberán demostrar responsabilidad, transparencia y respeto al marco jurídico.
El futuro de la inteligencia artificial no se decide solo en los laboratorios de Silicon Valley, sino también en las cortes y los parlamentos. Lo que resuelvan jueces y legisladores marcará el rumbo de una tecnología que promete transformar la vida cotidiana, pero que, sin reglas claras, corre el riesgo de hacerlo a costa de derechos fundamentales.
La IA se enfrenta a un espejo incómodo: para seguir creciendo necesita no solo datos y algoritmos, sino también legitimidad legal y social.
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