Entre cooperación y soberanía
El terrorismo internacional es uno de los fenómenos más complejos y multifacéticos del siglo XXI. Aunque suele asociarse principalmente con organizaciones de corte religioso, la realidad es mucho más diversa: existen grupos separatistas, nacionalistas, revolucionarios y emergentes, en los que la violencia política y criminal se entrelaza de formas cada vez más sofisticadas. En México, esta dinámica cobra relevancia particular: los cárteles y organizaciones criminales no solo buscan riqueza y control territorial, sino que emplean tácticas de terror, corrupción institucional y violencia extrema, situando al país en un escenario donde el crimen organizado y las tácticas terroristas convergen desafiando la capacidad del Estado para proteger a la población y garantizar la seguridad nacional.
Según el artículo 139, párrafo primero, del Código Penal Federal, en México se define al terrorismo como el uso intencional de la violencia con el fin de generar alarma, temor o terror en la población con el objetivo de atentar contra la seguridad nacional o coaccionar autoridades o particulares para inducir una decisión específica. Esta definición sitúa al terrorismo como una amenaza concreta, lo que ha llevado al Estado mexicano a desarrollar un entramado institucional para atención del fenómeno destacando la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General de la República; el Comité de Alto Nivel en materia de Desarme, Seguridad y Terrorismo Internacionales (CANDESTI), presidido por el Centro Nacional de Inteligencia; así como secciones y unidades especializadas dentro de las Fuerzas Armadas dedicadas a la atención de incidentes relacionados.
Al no existir actualmente presencia activa de organizaciones terroristas internacionales en México, las acciones de contraterrorismo se han centrado en la prevención. Según la evaluación tradicional de riesgo, los principales indicadores son: 1) porosidad fronteriza al norte y sur del país, que podría permitir infiltraciones yihadistas a través de redes de tráfico de personas; 2) radicalización de ciudadanos vulnerables mediante internet; y 3) uso del sistema bancario mexicano para financiar operaciones terroristas internacionales. Aunque la probabilidad de que estas amenazas se materialicen es baja, su impacto sería alto, especialmente si el territorio nacional o su infraestructura fueran utilizados para planear o ejecutar ataques contra nuestros socios principalmente Estados Unidos y Canadá o sus intereses en México. Esto subraya que la prevención no es opcional, sino un componente estratégico imprescindible para la seguridad nacional.
Al igual que las organizaciones terroristas internacionales, el crimen organizado emplea la violencia extrema como herramienta para mantener el control territorial. Además, identifica al propio gobierno como un activo de alto valor, incorporando a burócratas corruptos dentro de las instituciones del Estado mexicano como parte de su esquema operativo, lo que erosiona la capacidad Estatal y refuerza su impunidad.
La clasificación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras del gobierno de EE. UU. no solo redefine el terreno de la cooperación bilateral, también altera la narrativa global sobre México. De aliado estratégico pasó a territorio percibido como incubadora del terrorismo con todas las consecuencias económicas, diplomáticas y sociales que ello implica. El país se encuentra, pues, ante una disyuntiva histórica: aprovechar el andamiaje internacional para desmantelar al crimen organizado o resignarse a que la etiqueta de “narcoterrorismo” sea el sello de una marca-país en decadencia.
En el escenario actual, se entrecruzan la cooperación internacional y una agenda contraterrorista y anticrimen bilateral cada vez más robusta. Si bien algunos sectores alertan sobre los riesgos que ello implica para la soberanía nacional, lo cierto es que, en medio de una corrupción institucional persistente y de organizaciones criminales que ya son tratadas como terroristas, México figura entre los países con mayores niveles de violencia e impunidad a escala global, un lastre que erosiona la reputación de la marca-país. Frente a ello, resulta evidente que algo debemos hacer.
