Las sanciones estadounidenses contra Cuba lastran su economía y frenan su potencial, pero no son la causa fundamental de la grave crisis que sufre la isla, diagnosticaron en declaraciones a EFE ocho de los más reconocidos economistas independientes del país.
Sus visiones sobre esta cuestión, con sus diferencias, contrastan con las posturas del Gobierno cubano, que asegura que las sanciones estadounidenses son la “principal causa” de la situación del país, y de los opositores que mantienen que, el llamado bloqueo (en Cuba) o embargo (en EE. UU.), no tiene ningún efecto.
El asunto vuelve a la agenda a unos días de que se vote en la asamblea general de Naciones Unidas la resolución presentada anualmente por La Habana contra las sanciones estadounidenses, que según sus estimaciones -no especificadas al detalle- le supuso unos 20 millones de dólares (17 millones de euros) al día en los últimos meses.
El cálculo es terriblemente complejo porque parte de una maraña de seis décadas de decisiones políticas, económicas, jurídicas y financieras en Washington que tiene un impacto directo heterogéneo y costos indirectos muy difíciles de precisar.
Como explica la profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York Tamarys Bahamonde, además de prohibiciones claras y cuantificables, Cuba está fuera de organismos internacionales como el Banco Mundial y en la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo, lo que le “limita el acceso a crédito” y tiene “un costo financiero importante”, respectivamente.
Aún así, todos los expertos encuestados por EFE coinciden en apuntar que La Habana podría hacer mucho por revitalizar su economía y no lo está haciendo.
Los economistas consultados aportan un abanico de perspectivas. Pese a no desconocer el efecto de las sanciones, señalan principalmente a La Habana por la profunda crisis nacional de los últimos cinco años, con contracción económica, elevada inflación, escasez de básicos (alimentos, medicinas y combustible), progresiva dolarización, migración en masa y prolongados apagones diarios.
Mauricio de Miranda, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia), afirma que las sanciones “afectan al país, y muy especialmente a los cubanos de a pie”, aunque dice desconfiar de las “alegres” cifras de costos -sin detallar ni auditar- que esgrime La Habana.
Sin embargo, la crisis cubana es, a su juicio, “heredera de los problemas estructurales que resultaron de un sistema económico ineficaz” y de un modelo fracasado que “se pretende sostener por parte de la dirigencia cubana”.
El economista Pedro Monreal asegura que el impacto de las sanciones “existe y es grande”, pero que hay otros factores que suponen un lastre importante como la “ineficiencia” del sistema de economía planificada o la estructura de las inversiones estatales.
Alejandro Miguel Hayes, coordinador del Instituto de Investigaciones sobre la Cuenca del Caribe, asegura que “el Gobierno cubano es 100 % responsable de la crisis” porque no aprovecha los recursos a su disposición para resolverla o mejorar las condiciones de vida en la isla.
Por su parte, Ricardo Torres, investigador en la Universidad Americana de Washington, califica las sanciones de “restricción externa importantísima”, pero agrega que no cree que sean “el factor más importante para explicar la crisis”.
Pavel Vidal, también profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, reparte responsabilidades a partes iguales entre “el bloqueo externo y el bloqueo interno” y destaca que la economía cubana tiene “una alta dependencia de la política de sanciones” principalmente por las vías de las remesas y el turismo (y no tanto por la comercial).
A juicio del profesor de la Universidad de La Habana Omar Everleny “no caben dudas de que el bloqueo de EE.UU. contra Cuba daña considerablemente la economía del país y a los cubanos”, pero añade de seguido que “mucho se puede hacer a lo interno”.
El sistema
La mayoría de los profesionales, consultados de forma individual, destaca como causa primera de la grave crisis cubana el propio sistema político-económico de la isla.
Hayes habla de “la lógica que impide la toma de decisiones óptimas o mejores para la generación de riqueza” y Monreal defiende que la planificación centralizada es “el pilar del modelo que no funciona” e “impide que se liberen las fuerzas productivas”.
Bahamonde, por su parte, resalta “el modelo de toma de decisiones, propio de un sistema socialista burocrático” y deriva de ahí la implementación “parcial”, “fraccionada” y “lenta” de reformas, con “ciclos de crisis, reforma y contrarreforma” que no traen frutos. También apunta a la sobrerregulación y la “incertidumbre legislativa”, porque disuade a la inversión.
Torres reconoce el peso de un conjunto de shocks externos -de la pandemia al endurecimiento de las sanciones en los dos mandatos del republicano Donald Trump-, pero otorga preeminencia al modelo de “economía centralmente planificada”.
De Miranda subraya la necesidad de buscar en la política las causas de la postración económica cubana y destaca entre las principales razones el “sistema político e institucional”, de “carácter autoritario y autocrático”; el abandono de las “conquistas sociales de la revolución”; y los “errores sistemáticos” en la política económica.
En este mismo sentido, el cubano-estadounidense Carlos Martínez explica la situación económica cubana por las políticas de planificación centralizada, las nacionalizaciones generales y las restricciones sistemáticas a la iniciativa privada.
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