En México, cada día miles de personas salen a las calles sin saber si volverán a casa. La movilidad no debería ser un riesgo, pero lo es. Las cifras de accidentes viales siguen siendo alarmantes, y lo más doloroso es que detrás de cada número hay una historia rota, una familia afectada, una vida truncada.
Por eso, desde la Cámara de Diputados, hemos impulsado una iniciativa que busca algo tan simple como justo: que todas las personas estén protegidas ante un accidente vial, sin importar en qué parte del país se encuentren.
La propuesta, presentada junto con la diputada Patricia Mercado y respaldada por la Coalición Movilidad Segura, plantea establecer a nivel nacional el seguro obligatorio de responsabilidad civil para todos los vehículos motorizados. Esta medida no busca castigar, sino proteger la vida y el patrimonio de las personas, garantizando que, en caso de un siniestro, las víctimas reciban atención médica y apoyo económico inmediato.
El punto de partida de esta iniciativa es el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucional la obligatoriedad de este seguro en Puebla. Un precedente histórico que abre la puerta a llevar esta protección a todo el país. Porque si la Corte reconoce que esta medida salva vidas, entonces no hay razón para limitarla a unos cuantos estados.
Lo importante es entender que este no es un seguro para los autos, sino para las personas. Protege familias, garantiza atención oportuna y promueve una cultura de responsabilidad en las calles. Es, en esencia, una política pública para salvar vidas.
Y hay que decirlo con claridad: en este país, quien tiene dinero puede pagar un accidente, quien tiene un empleo estable puede endeudarse y cubrir los daños a fin de año, pero quien con mucho esfuerzo se hace de un vehículo para trabajar, termina perdiéndolo todo. Por eso este seguro es tan necesario: porque democratiza la protección, porque equilibra las condiciones, porque da certeza a quienes más la necesitan.
Desde el Partido del Trabajo (PT), creemos firmemente que la seguridad vial también es un derecho humano. Que el Estado debe estar del lado de las víctimas, no de la burocracia. Y que cuando se legisla con empatía, los resultados trascienden los colores y las ideologías.
Esta propuesta, además, tiene un componente profundamente humano: busca cambiar la lógica del castigo por la de la corresponsabilidad. Conduce quien tiene licencia, sí, pero también quien comprende que cada acción al volante puede salvar o destruir una vida.
Y es que garantizar una movilidad segura no depende solo de infraestructura o señalización; depende de una cultura de respeto y de la certeza de que el Estado está preparado para protegerte.
Por eso esta iniciativa es tan importante. Porque no se trata de leyes frías ni trámites nuevos, sino de justicia, de solidaridad, de cuidar a quienes todos los días se mueven por el país para trabajar, estudiar o llevar a sus hijos a la escuela.
Hoy tenemos la oportunidad de convertir este precedente en una política nacional. De construir un país donde moverse no sea un riesgo y donde, en caso de tragedia, ninguna persona quede desamparada.
Esa es la diferencia entre legislar por costumbre y legislar con conciencia.
