Los escándalos que estallan en los noticieros y redes sociales no son incidentes aislados ni excesos de unos cuantos; son apenas la punta de un iceberg que revela el verdadero rostro de quienes hoy gobiernan. Detrás de cada caso de corrupción, de cada denuncia de tráfico de influencias o de cada negocio al amparo del poder, hay una constelación de mentiras y de hurtos cometidos por quienes juraron venir a servir al pueblo.
La narrativa de servicio, justicia y compromiso con los más pobres pronto se convirtió en un velo que cubría una realidad de saqueo y oportunismo. Ahí está el caso del enriquecimiento instantáneo de Andy López Beltrán, hijo del expresidente, y de sus amigos cercanos, que pasaron de vivir con relativa discreción a ostentar lujos que ofenden a millones de familias. Casas, contratos y negocios florecieron al calor de las influencias, mostrando que lo que se ofreció como un proyecto de transformación terminó siendo un trampolín para la nueva élite dorada.
No es el único caso. Las versiones sobre pactos, protección y arreglos con grupos delincuenciales han quedado plasmadas en investigaciones que nadie desmiente. Lejos de erradicar la violencia, estas complicidades la alimentan, dejando a la sociedad mexicana expuesta a la barbarie de los grupos criminales.
Los ejemplos se multiplican: contratos inflados en dependencias federales, familiares de altos funcionarios beneficiados con cargos y prebendas, programas sociales convertidos en instrumentos de sumisión y maltrato, Segalmex transformado en el mayor robo a la alimentación del pueblo, y Pemex hundido en deudas y saqueos pese a ser la joya que prometieron rescatar. Todo ello no es más que un reflejo de que quienes decían venir a servir terminaron sirviéndose con la cuchara grande.
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El resultado es devastador. Hoy el gobierno está en bancarrota: ya no existen fondos de emergencia para atender desastres naturales, las escuelas se caen a pedazos, los hospitales carecen de medicinas y equipo, los servicios públicos son insuficientes y la delincuencia avanza como dueña del territorio. El pueblo, ese mismo al que se prometió defender, ha quedado solo, abandonado, con un Estado que dejó de ser protector para volverse cómplice del saqueo.
En este contexto, no se equivoca el presidente Donald Trump cuando afirma que en México gobiernan los criminales. Puede sonar duro, incluso hiriente, pero basta con ver el mapa del país para entenderlo: regiones enteras bajo control del narcotráfico, políticos coludidos con mafias, gobernadores tolerando o participando en negocios ilícitos, y un gobierno federal incapaz —o poco dispuesto— a imponer el Estado de derecho. Lo que parece una acusación extranjera es, en realidad, una radiografía dolorosa de nuestra realidad.
Los escándalos que conocemos son apenas las luces que se filtran de un sistema corrompido hasta los cimientos. Si lo que vemos ya es indignante, lo que permanece oculto amenaza con hundir la esperanza de un país entero. La gran pregunta es si la sociedad seguirá tolerando que, en nombre del pueblo, se le siga despojando de su futuro.
