La infraestructura subacuática constituye un componente estratégico esencial para la seguridad nacional de México. La soberanía y defensa del Estado no se limitan únicamente a las fronteras terrestres o aéreas; según la Oficina de Investigación del Congreso de Estados Unidos, los cables submarinos de telecomunicaciones transportan el 95 % del tráfico internacional de datos. Junto con ductos submarinos para transporte de gas y otros combustibles, ambos son el sistema nervioso de la economía y la conectividad global. Su integridad es vital para garantizar telecomunicaciones, continuidad operativa de instituciones, empresas, sistemas financieros y capacidades de defensa.
México es un país bioceánico, con costas en el Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, y un litoral territorial que supera los 11,000 kilómetros de extensión. Esta condición le otorga una posición geoestratégica privilegiada, consolidándolo como un nodo natural de conectividad digital y energética en el hemisferio occidental. Sin embargo, también lo expone a riesgos derivados de sabotaje físico, espionaje y ciberataques provenientes de actores Estatales y no Estatales. La protección del litoral, de los cables y ductos submarinos que lo atraviesan es una prioridad de seguridad nacional.
México se encuentra enlazado al entramado global de comunicaciones con cables submarinos, mediante sistemas como AMX-1, MAYA-1 y el anillo óptico del Caribe ARCOS-1, conectados en Cancún y la Riviera Maya. Estos nodos enlazan América del Norte, Centroamérica y el Caribe, garantizando interconexión regional. A estos se suman proyectos como MANTA de la empresa Liberty Networks, con punto de contacto en Veracruz, y TIKAL (AMX-3) desarrollado por América móvil y Telxius. La existencia y operación de estos sistemas son críticas para la seguridad nacional y continuidad operativa del Estado mexicano ante escenarios de contingencia. En el litoral del Pacífico, Teléfonos de México ha puesto en operación el cable submarino TMX-5, conectando con 383 kilómetros de fibra óptica a San José del Cabo y Baja California Sur con Mazatlán.
También se cuenta con ductos submarinos operados por PEMEX que transportan crudo y gas desde plataformas petroleras hacia la costa. Entre los más relevantes están el ducto Akal-C a Dos Bocas, y el ducto de la plataforma KU-C ubicado en la Sonda de Campeche, también el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan que transporta 2600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural para generar energía en Altamira, Tuxpan y el centro de México. Estos ductos son esenciales para integrar la producción marina con la infraestructura terrestre, garantizando el suministro energético y fortaleciendo la economía nacional.
Las vulnerabilidades de la infraestructura submarina han quedado evidenciadas en incidentes recientes a nivel internacional. En 2022, las explosiones en los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico provocaron fugas masivas de gas, interrumpiendo el suministro a Europa y exacerbando la crisis energética regional. En 2024, el petrolero “Eagle S” arrastró su ancla y dañó cinco cables submarinos de telecomunicaciones y electricidad entre Finlandia y Estonia, causando pérdidas económicas severas. En septiembre de 2025, cortes en cables del Mar Rojo afectaron la conectividad de Internet en África, Asia y Medio Oriente. Estos casos destacan los impactos de ataques o accidentes, que incluyen interrupción de servicios, daños económicos, crisis energética y riesgo de inestabilidad geopolítica.
Los cables y ductos submarinos son parte de la infraestructura estratégica que debe protegerse combinando capacidades civiles y militares de la SEMAR, SEDENA, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, así como de organismos técnicos como PEMEX, Agencia Espacial Mexicana y Comisión Federal de Electricidad entre otras. El carácter bioceánico de México, la extensión de su litoral, la creciente interconexión digital y la competencia energética mundial, obligan a considerar estas infraestructuras subacuáticas como parte de la columna vertebral de las telecomunicaciones, energía y economía del país.
La soberanía marítima, energética y digital dependen de la capacidad de anticipar amenazas y proteger estos activos críticos, asegurando que México permanezca conectado, seguro y resiliente frente a desafíos actuales y futuros.
