El campo mexicano, símbolo de identidad, esfuerzo y vida, fue uno de los grandes estandartes en las promesas de la llamada «cuarta transformación». Durante la campaña, aseguraron que el país alcanzaría la autosuficiencia alimentaria, que se rescataría la producción agrícola y ganadera, y que se destinarían mayores recursos al sector rural. Sin embargo, la realidad a siete años de su gobierno es muy distinta: las promesas quedaron en el aire, los programas se desmoronaron y el campo está más abandonado que nunca.
La producción agrícola no alcanzó los niveles prometidos. El discurso de autosuficiencia alimentaria se quedó en palabras. Lejos de fortalecer a los productores nacionales, se redujeron los apoyos y desaparecieron programas que garantizaban certidumbre y acompañamiento técnico. Hoy México depende más de importaciones de granos básicos como maíz, trigo o arroz, y los productores se enfrentan a precios injustos, falta de infraestructura y un clima de incertidumbre que mina su competitividad.
El programa de crédito a la palabra, presentado como una iniciativa para devolver fuerza al sector pecuario, terminó siendo un fracaso. En lugar de impulsar la producción, dejó deudas, ganado enfermo y una profunda desconfianza entre los pequeños productores. El sueño del rescate ganadero se convirtió en una pesadilla burocrática, marcada por la falta de transparencia y el desvío de recursos.
Tampoco se cumplió la promesa de aumentar sustancialmente el presupuesto al campo. Los recortes fueron la constante, afectando programas de riego, fertilizantes, infraestructura y sustentabilidad. Incluso en materia ambiental, las inversiones fueron mínimas, debilitando la protección de ecosistemas y las estrategias de adaptación ante el cambio climático.
A la par del abandono presupuestal, surgieron proyectos de infraestructura que prometían desarrollo, pero terminaron por generar daños profundos. El tren Maya, emblema del gobierno, fue vendido como una oportunidad de progreso para el sureste mexicano. Sin embargo, su ejecución implicó la tala de miles de hectáreas de selva, afectación a cenotes, fauna y comunidades originarias. Las voces que advertían sobre el impacto ambiental fueron ignoradas, y el proyecto se convirtió en símbolo de contradicción entre discurso y realidad.
En materia económica, el país tampoco alcanzó el crecimiento del 6% anual prometido. La economía apenas promedió un 1%, mientras el costo de la vida subió y la pobreza rural se agudizó. Los campesinos, que esperaban un entorno de mayor prosperidad, enfrentan hoy peores desafíos: bajos ingresos, altos costos y escasa seguridad.
En cuanto al medio ambiente, la promesa de proteger la biodiversidad quedó incumplida. Los megaproyectos y la falta de políticas sostenibles dejaron heridas en zonas naturales de alto valor ecológico. Y en lo que respecta a la corrupción, el discurso del combate frontal no se tradujo en resultados palpables: las irregularidades persisten en distintas dependencias y programas.
La inseguridad —esa que el gobierno prometió erradicar— no sólo no cedió, sino que se intensificó en varias regiones rurales. Los grupos criminales controlan rutas, tierras y cosechas, orillando a muchos campesinos a abandonar su hogar y su oficio.
El campo mexicano no necesita discursos ni promesas grandilocuentes. Requiere políticas públicas reales, inversión, acompañamiento técnico, seguridad y justicia. Los productores rurales no piden dádivas, sino oportunidades para producir, competir y vivir con dignidad.
*Presidente Nacional del PRI
