Medir el éxito de una estrategia de seguridad únicamente por la disminución de homicidios es un error que simplifica de manera peligrosa la complejidad del problema. En un entorno donde la violencia adopta múltiples formas, donde el control territorial se disputa calle por calle y donde el Estado enfrenta presiones criminales, institucionales y sociales simultáneas, reducir la evaluación a un solo indicador es, en el mejor de los casos, una lectura incompleta; en el peor, una narrativa diseñada para ocultar la realidad.
Los organismos internacionales lo han advertido desde hace años. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su Global Study on Homicide, subraya que el homicidio es un indicador tardío: la expresión visible de un conflicto que comenzó mucho antes y que no se explica por sí solo. Su variación puede deberse a múltiples factores, desde la acción Estatal hasta la consolidación de un grupo criminal que ya no necesita recurrir a la violencia abierta para dominar un territorio. Evaluar el desempeño gubernamental sin considerar esta dinámica es desconocer la naturaleza misma del fenómeno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que las reducciones abruptas de homicidios en zonas de alta criminalidad suelen estar asociadas a la estabilización de un orden ilícito. En estos contextos, la “paz” estadística no significa seguridad, sino el silenciamiento de la población bajo estructuras criminales que combinan coerción, economía ilegal y control social. Menos homicidios pueden ser, simplemente, la señal de que un actor criminal ganó la disputa.
El sociólogo Charles Tilly explicó que el ejercicio de la violencia tiende a racionalizarse cuando un actor armado obtiene dominio territorial, también el politólogo Stathis Kalyvas en su obra “Orden Conflicto y Violencia”, demostró que ésta disminuye cuando se consolida el control criminal—no necesariamente cuando interviene el Estado—.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha insistido en que ninguna estrategia de seguridad puede evaluarse con el homicidio como indicador sin incurrir en un error metodológico. La seguridad ciudadana se sostiene en múltiples dimensiones: confianza institucional, eficacia policial y ministerial, niveles de impunidad, cohesión social, victimización real —no solo denunciada—, resiliencia comunitaria y calidad de la gobernanza local.
El World Justice Project recuerda que un país es seguro cuando su Estado de derecho funciona: cuando se investiga, se sanciona, se previene y cuando las instituciones operan sin cooptación. Una sociedad sin homicidios, pero con desapariciones, extorsión generalizada o instituciones debilitadas, no es una sociedad más segura: es una sociedad silenciada.
La OCDE agrega que las democracias funcionales utilizan métricas amplias, sofisticadas y de largo alcance para evaluar su seguridad. No porque los homicidios carezcan de importancia, sino porque entienden que la seguridad no es un acto: es un sistema. Un sistema que debe medir percepción, victimización, calidad institucional, gobernabilidad local y presencia efectiva del Estado en el territorio.
A esto se suma otro problema: la manipulación estadística. El registro de homicidios depende de clasificaciones ministeriales, peritajes y sistemas administrativos frágiles. La presión política por mostrar resultados rápidos incentiva la reclasificación, el subregistro y categorías ambiguas como “muertes por determinar”. Basar la evaluación de una estrategia en un indicador tan vulnerable es apostar por una ilusión estadística. La reducción de homicidios no dice nada sobre la expansión silenciosa de la violencia económica, del control territorial o del deterioro comunitario.
También queda fuera el estado real de las instituciones. Existen municipios con pocos asesinatos pero sin policías operativas, sin ministerios públicos funcionales, sin jueces confiables y sin presencia territorial del Estado. Esa “tranquilidad” es un espejismo que descansa en acuerdos de facto entre autoridades débiles y grupos criminales fuertes.
Este enfoque, además, genera incentivos perversos: empuja a los gobiernos a privilegiar tácticas de contención inmediata, operativos reactivos o negociaciones informales para evitar aumentos en la cifra. Son acciones para controlar el número, no el territorio; para presentar resultados, no para construir capacidades duraderas.
Un enfoque serio exige medir la capacidad del Estado para controlar territorio, contener economías criminales, proteger a la población y fortalecer sus instituciones. Eso es seguridad. Lo demás es una ilusión estadística convertida en un relato fantástico.
