En el marco del Día Internacional del Migrante, este jueves 18 de diciembre de 2025, la UPAEP, a través de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, realizó una conferencia de prensa en coordinación con BBVA, NDLON (Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras) y Fuerza Migrante, con el objetivo de analizar los principales desafíos que enfrenta la diáspora mexicana en Estados Unidos, un fenómeno que involucra a más de 40 millones de personas de origen mexicano en ese país.
Se contó con la participación de María de Lourdes Rosas López, profesora investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP; Juan José Li, analista del Banco BBVA; Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de NDLON en Estados Unidos; Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante; y Joel Paredes Olguín, representante en México de NDLON.
María de Lourdes Rosas subrayó que México es, históricamente, un país de migrantes y que los últimos 170 años de su historia no pueden entenderse sin la aportación de las y los mexicanos que viven en el exterior, particularmente en Estados Unidos.
«La diáspora mexicana no solo ha contribuido económicamente, sino también culturalmente, llevando valores, tradiciones y una visión comunitaria que ha enriquecido a la sociedad estadounidense», afirmó. Sin embargo, advirtió que actualmente la comunidad mexicana enfrenta un escenario complejo marcado por discursos de exclusión, endurecimiento de políticas migratorias y un debilitamiento del Estado de derecho, factores que incrementan la vulnerabilidad social y emocional de millones de familias.
En su intervención, Juan José Li, analista de BBVA, presentó un panorama estadístico sobre la migración internacional y mexicana. Explicó que, a nivel global, el número de migrantes pasó de 150 millones en 1990 a más de 305 millones en 2024, lo que significa que casi 4 de cada 100 personas en el mundo son migrantes.
En el caso de México, detalló que entre 12.7 millones de migrantes mexicanos viven en Estados Unidos, de los cuales más de una tercera parte se encuentra en situación migratoria irregular, lo que los coloca en alta vulnerabilidad ante posibles procesos de deportación. Si se consideran hijas, hijos y nietos de migrantes que se reconocen como mexicanos, la cifra asciende a más de 40 millones de personas de origen mexicano, equivalente a entre el 13 y 15% de la población estadounidense.
Juan José Li precisó que, aunque la frontera se encuentra prácticamente cerrada y las detenciones han aumentado, el volumen de deportaciones sigue siendo limitado frente al total de personas no documentadas. No obstante, el impacto social, psicológico y familiar es profundo, especialmente en comunidades mexicanas y centroamericanas.
El especialista de BBVA también abordó el tema de las remesas, las cuales representan cerca del 3.5% del PIB nacional y hasta el 15% del PIB en estados como Chiapas y Guerrero. En el caso de Puebla, las remesas equivalen al 5.3% de su actividad económica.
Alertó que durante 2025 las remesas hacia México han mostrado una caída acumulada, a diferencia de otros países de América Latina donde continúan creciendo. Entre los factores se encuentran las dificultades de inserción laboral, el entorno político más restrictivo y la aprobación de un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, medida que afectará principalmente a comunidades con baja bancarización.
Desde Estados Unidos, Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de NDLON, compartió un testimonio directo sobre la situación que enfrenta la comunidad migrante. Explicó que, aunque su organización trabaja en la defensa de derechos laborales, la recuperación de salarios no pagados y la capacitación en salud y seguridad laboral, actualmente operan en un contexto de hostigamiento generalizado.
«Nunca en más de 30 años había visto un asedio tan fuerte contra la comunidad migrante, tenga o no documentos», afirmó. Denunció que prácticas como el perfilamiento racial han generado miedo, angustia y una constante sensación de riesgo entre trabajadores esenciales que sostienen sectores como la construcción, jardinería, limpieza y servicios.
Por su parte, Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, desmontó la idea de que migrar a Estados Unidos garantiza automáticamente una vida resuelta. Aseguró que una parte importante de la comunidad mexicana vive en condiciones de pobreza y precariedad, pese a percibir ingresos en dólares.
Subrayó la necesidad de impulsar un empoderamiento integral de la diáspora mexicana basado en tres ejes: económico, educativo y político. Indicó que, aunque los mexicanos son de los grupos más emprendedores en Estados Unidos, también son quienes más rápido cierran negocios, principalmente por falta de capacitación, educación financiera y uso de tecnologías.
Asimismo, destacó la urgencia de fomentar el acceso a la educación superior para las segundas y terceras generaciones, así como una mayor participación política, sustentada en una agenda binacional que represente verdaderamente los intereses de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
Durante la parte final de la conferencia, Joel Paredes Olguín, representante en México de NDLON, alertó sobre una problemática poco visible pero de enorme gravedad: la situación de los adultos mayores mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos. De acuerdo con datos de la organización, se estima que alrededor de 90 mil personas mayores de 65 años se encuentran en esta condición.
Este sector enfrenta una doble exclusión: por un lado, del sistema de protección social estadounidense, sin acceso pleno a salud o pensiones; y por otro, de las políticas sociales del Estado mexicano, que exigen la presencia física en territorio nacional para acceder a programas como la pensión para el bienestar.
«Son mexicanos que se reconocen como tales, que reconocen al gobierno mexicano como su gobierno, pero que están completamente desprotegidos», subrayó Paredes Olguín, al tiempo que llamó a pasar del discurso a los hechos para garantizar derechos a quienes han sostenido por décadas a sus familias y comunidades.
El representante de NDLON recordó que uno de cada cinco habitantes en Estados Unidos es latino y que uno de cada seis estadounidenses es de origen mexicano. Sin embargo, ese peso demográfico aún no se traduce en beneficios proporcionales ni en una representación efectiva que atienda las necesidades reales de la comunidad migrante.
«Somos millones, aportamos a la economía, a la cultura y a la vida social de Estados Unidos, pero seguimos siendo una comunidad empobrecida, acosada y estigmatizada», afirmó, insistiendo en la necesidad de organización, solidaridad y articulación entre migrantes, academia, organizaciones sociales y autoridades.
Al responder sobre el escenario hacia 2026, Rosas López explicó que investigaciones recientes de la UPAEP en comunidades poblanas de Nueva York confirman que el principal impacto de las políticas migratorias actuales no es únicamente la deportación, sino el miedo permanente.
«El terror paraliza planes de vida, afecta la salud mental y genera decisiones forzadas como el retorno voluntario o la separación familiar», señaló. A ello se suman presiones económicas, como el no pago de salarios o la reducción arbitraria de ingresos por parte de empleadores que se aprovechan de la condición migratoria.
En su mensaje de cierre, Rosas López agradeció el trabajo de los medios de comunicación y subrayó su papel para visibilizar las luchas de la diáspora mexicana. Destacó la importancia de que las segundas y terceras generaciones participen políticamente y ocupen espacios de decisión, sin perder el vínculo con las necesidades de sus padres y abuelos.
«La diáspora mexicana debe ser reconocida como una cuarta parte de la nación», concluyó, al hacer un llamado a fortalecer su organización y a transformar los desafíos actuales en una agenda binacional de derechos, dignidad y justicia social a ambos lados de la frontera.
