Durante décadas, la justicia en México se movió lejos del ruido: expedientes, acuerdos y silencios solemnes. En 2025 eso cambió. La reforma constitucional aprobada en 2024 dejó de ser una promesa ambiciosa y se volvió realidad: por primera vez, la ciudadanía eligió a jueces, juezas, magistraturas y hasta a ministras y ministros de la Suprema Corte. La toga no se quitó, pero aprendió a convivir con la boleta.
El argumento fue claro: acercar la justicia al pueblo, darle una legitimidad que no proviniera solo de procesos técnicos sino también del voto. Así, la justicia salió del edificio y entró al espacio público. Quienes estaban acostumbrados a hablar únicamente a través de sentencias tuvieron que explicarse, mostrarse y, en cierta medida, exponerse. No deja de ser irónico que una función diseñada para la discreción encontrara ahora su validación en el mecanismo más visible de la democracia.
¿Más votos significan mejor justicia? Esa es la gran pregunta. La elección popular suma respaldo ciudadano, pero no garantiza independencia ni mejores resoluciones. La confianza no nace en la urna: se construye después, en los casos difíciles y las decisiones impopulares. El reto de 2025 fue justamente ese: conciliar la lógica de la imparcialidad judicial con la lógica electoral, que premia visibilidad y cercanía.
La reforma, además, no fue total. En 2027 se renovará el otro cincuenta por ciento del Poder Judicial. La decisión es reveladora: incluso los cambios más audaces reconocen que necesitan tiempo, ajustes y correcciones. Lo que ocurra entonces dependerá de lo aprendido ahora.
Mientras tanto, la reforma electoral pendiente se vuelve indispensable. Elegir jueces con reglas pensadas para otra época no es sostenible. Si la democracia se expande hacia la justicia, el andamiaje electoral tiene que acompañar el movimiento.
También queda una lección incómoda: hacer visible a la justicia no la vuelve automáticamente más justa. La exposición pública puede fortalecer la rendición de cuentas, pero también introduce tentaciones conocidas: discursos fáciles, promesas implícitas y una cercanía que, mal entendida, puede volverse presión. El desafío será que la justicia no confunda escucha con complacencia, ni cercanía con cálculo.
Al cierre de 2025, la pregunta ya no es si la justicia puede someterse al voto, sino si sabrá resistirlo. Porque cuando pase la novedad y se apaguen las campañas, lo único que quedará serán las sentencias. Y ahí, lejos de las urnas y del aplauso, se medirá si este año marcó un avance real o solo el inicio de una nueva forma de fragilidad institucional.
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