El Gobierno del Estado de Puebla busca minimizar el daño a las finanzas públicas derivado de litigios relacionados con contratos de obra y servicios con presuntas irregularidades, al tiempo que se exhibirá a exfuncionarios y empresas involucradas en estos procesos, informó el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra.
El funcionario explicó que se tiene identificada una decena de casos prioritarios, los cuales son atendidos por la Consejería Jurídica y representan un monto aproximado de 3 mil 500 millones de pesos, dentro de un universo de más de 100 demandas por contratos que no fueron liquidados, algunos con una antigüedad de hasta 20 años, bajo distintas condiciones y valores.
En tres de estos casos existen sentencias emitidas en 2013, 2015 y 2023, que en conjunto suman mil 100 millones de pesos; sin embargo, el Gobierno estatal busca acuerdos legales que eviten un impacto severo en las finanzas públicas.
García Parra detalló que se detectó un modus operandi entre empresas y funcionarios, mediante el cual se avalaron obras complementarias inexistentes, se aprobaron montos fuera de catálogo y se integraron acciones no ejecutadas dentro de las demandas, lo que provocó un incremento artificial de las cantidades reclamadas. Estas prácticas son actualmente materia de litigio por parte del estado.
El funcionario indicó que, en algunos casos, los plazos legales ya prescribieron; no obstante, aun cuando existan sentencias, el Gobierno procederá por la vía penal, al considerar que se trata de conductas reiteradas que configuran delincuencia organizada, orientadas a afectar el patrimonio estatal.
El gobernador Alejandro Armenta señaló que su administración revisa jurídicamente los contratos heredados en obras y servicios, los cuales se aprobaron en un contexto de complicidad institucional, con obras inexistentes, información falseada y adeudos superiores a 4 mil millones de pesos.
El mandatario subrayó que su Gobierno no permitirá impunidad ni complicidad, y afirmó que actualmente existe coordinación entre el estado y los municipios, reflejada en acciones conjuntas de seguridad pública, alianzas vecinales, operativos tierra-aire y en la mejora de condiciones laborales y patrimoniales de los cuerpos policiacos, con el objetivo de proteger a las y los poblanos.
Foto de Oscar Rodríguez/Agencia Enfoque
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