La madrugada del 28 de diciembre de 2025, el Tren Interoceánico descarriló en Oaxaca dejando un saldo de 14 personas fallecidas y centenas de lesionados: personas que viajaban con la ilusión de conectar dos costas, familias que en cuestión de segundos vieron sus vidas transformadas por un tragedia que pudo haberse evitado.
Más allá del impacto inmediato, lo sucedido plantea una pregunta más profunda: ¿qué sucede cuando las decisiones de poder se anteponen a la seguridad y la técnica? ¿Qué ocurre cuando un proyecto emblemático se convierte en símbolo de una forma de gobernar donde prima la prisa política, la asignación opaca de contratos y la protección de intereses personales por encima del cuidado de la gente?
La tragedia del Interoceánico no fue un simple accidente. Fue el resultado previsible de un cúmulo de advertencias ignoradas, decisiones técnicas cuestionables y falta de supervisión responsable que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en revisiones desde 2019.
Los informes de la ASF no son meras opiniones: detectaron pagos por materiales que nunca se instalaron, discrepancias entre los volúmenes de balasto pagados y los realmente colocados, rieles pagados como «de alta resistencia» que no llegaron a montarse y maquinaria especializada que fue cobrada pero no utilizada.
Estas deficiencias no son menores. En ingeniería ferroviaria, cada componente, cada procedimiento y cada prueba importa. Ignorarlos significa cortar esquinas técnicas y multiplicar riesgos. Y en un sistema de transporte público, estos fallos no se quedan en cifras; se convierten en personas fallecidas, familias afectadas y comunidades en duelo.
La opacidad en la asignación de contratos es otro elemento crítico. Fuentes y análisis periodísticos han señalado que empresas sin experiencia demostrable en mantenimiento ferroviario y sin capacidad técnica comprobada obtuvieron contratos valiosos en torno al corredor. La cercanía y complicidad con la familia del expresidente López Obrador, más que la experiencia, se volvió un criterio decisivo. Esto no solo genera dudas éticas, sino consecuencias tangibles para la seguridad pública.
La vida humana no puede ser moneda de cambio para cumplir con plazos políticos o inaugurar obras sin la debida revisión técnica y responsabilidad ejecutiva. Cuando los contratos se otorgan sin competencia, sin supervisión y sin criterios claros de capacidad, el resultado no puede ser otro que la tragedia.
No hay ambigüedad moral en exigir cuentas. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a la verdad, a la reparación del daño y a la garantía de que esta historia no se repetirá. El Estado debe responder con transparencia: investigando a fondo, haciendo públicos los dictámenes técnicos y sancionando las omisiones criminales y administrativas.
La sociedad mexicana merece obras públicas que realmente funcionen, que estén respaldadas por normas rigurosas y por supervisión profesional, no por dedazos ni favoritismos. La fatalidad del Interoceánico es un espejo: si no corregimos las prácticas que llevaron a este desenlace, seguiremos viendo tragedias evitables disfrazadas de «progreso».
Porque cuando el poder se sube al tren de la opacidad y la impunidad, todo un país corre el riesgo de descarrilar.
*Presidente Nacional del PRI.
