San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, abordó este jueves en un consejo municipal la creciente inquietud entre sus residentes por el aumento de la presencia de agentes federales, en el marco del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump.
Desde la toma de posesión del mandatario, varias ciudades del país han registrado un incremento de operativos migratorios y detenciones. Estas acciones han provocado protestas en localidades gobernadas por demócratas como Chicago y Mineápolis, así como enfrentamientos entre autoridades federales y la sociedad civil.
En San Antonio, donde más del 60% de la población es latina, han tenido ya lugar varias protestas en los últimos 12 meses, en rechazo a las políticas migratorias de Trump y, en especial, a las redadas y detenciones en la ciudad.
En este contexto, el consejo municipal celebró este miércoles una sesión pública para discutir cómo el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) coordina sus acciones con las autoridades estatales y federales de inmigración, ante el aumento de operativos y detenciones en la ciudad.
La alcaldesa Gina Ortiz Jones, demócrata y exfuncionaria de la Administración de Joe Biden (2021-2025), reconoció durante la sesión que ha buscado mantener comunicación directa con las agencias federales, incluyendo ICE y expresó que el Gobierno municipal tiene un margen de acción «limitado».
«Debemos cumplir y cumpliremos con las leyes estatales y federales, y eso se traduce, francamente, en muy poco margen de maniobra para la ciudad cuando se trata de actividades relacionadas con la aplicación de la ley federal», señaló.
Por su parte, el jefe de SAPD, William McManus, explicó que la actuación de la policía local está condicionada por la ley estatal SB4, aprobada en 2017 y conocida como la ley contra las “ciudades santuario”.
La norma obliga a las fuerzas del orden y los funcionarios locales a cooperar con las autoridades migratorias, bajo amenazas de sanciones paneles y destitución del cargo en caso de incumplimiento.
McManus detalló que el departamento tuvo que modificar su manual interno para ajustarse a SB4 y advirtió que la ley no impide que las autoridades federales actúen contra quienes consideren que interfieren con operativos migratorios.
«SB4 no prohíbe que las autoridades federales inicien investigaciones o, francamente, arresten a personas que consideren que están interfiriendo con actividades de ICE», señaló.
No obstante, subrayó que la participación de la policía local en los operativos federales es limitada. «Cuando ICE nos llama, no entramos a los domicilios, no esposamos a nadie. Lo único que hacemos es brindar seguridad perimetral y del lugar», afirmó. Según explicó, las solicitudes de apoyo «son raras y muy específicas», aunque reconoció que SAPD está legalmente obligado a responder.
El debate se produce dos meses después de una redada masiva en San Antonio en la que las autoridades informaron la detención de más de 140 migrantes, principalmente de Venezuela, Honduras y México.
Tras ese operativo, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la creación de un nuevo grupo operativo en el sur de Texas para “combatir el crimen transnacional».
Tenemos miedo simplemente por cómo nos vemos
Durante la sesión, algunos residentes expresaron su preocupación por el impacto de estas acciones migratorias. Maria Cid de León, asistente a la audiencia, dijo a EFE que ha observado un aumento de la presencia de ICE en zonas de bajos ingresos.
«Están yendo a los complejos de vivienda subsidiada, a las tiendas, a las ferreterías», afirmó. Según relató, el temor se ha extendido incluso entre ciudadanos estadounidenses: «Mis hijos están constantemente preocupados de que sus amigos sean llevados. Tenemos miedo simplemente por cómo nos vemos», dijo.
Marta Castilla, promotora comunitaria, señaló a EFE que su trabajo la ha llevado a apoyar a familias afectadas por detenciones recientes.
«Estamos trabajando con familias donde los padres están detenidos y las madres se quedaron solas con niños pequeños», explicó. «La gente tiene miedo de salir, incluso personas que han vivido aquí toda su vida», añadió, al advertir que muchas evitan denunciar por temor.
«No hay debido proceso. Se llevan a cualquiera», agregó.
