Con el objetivo de establecer un modelo de coordinación regulada entre la Policía municipal y los servicios de seguridad privada contratados en fraccionamientos, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Celia Bonaga Ruiz, presentó una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla.
La legisladora explicó que, si bien la Ley de Seguridad Pública no prohíbe la coordinación entre municipios y empresas de seguridad privada, tampoco la define ni la establece de manera obligatoria, lo que genera inconsistencias operativas, ausencia de estándares y posibles riesgos de violaciones a derechos humanos.
Bonaga Ruiz detalló que los cuerpos privados de seguridad realizan labores como vigilancia, control de accesos, rondines y atención inicial de emergencias dentro de fraccionamientos; sin embargo, enfrentan limitaciones legales, ya que no son autoridades y no pueden ejercer funciones propias de la seguridad pública, como el uso legítimo de la fuerza, detenciones formales, investigaciones o aseguramientos de bienes, atribuciones que corresponden al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Bonaga Ruiz señaló que, en muchos casos, los guardias privados se convierten en los primeros respondientes ante incidentes delictivos, accidentes, conflictos vecinales, emergencias médicas o casos de violencia intrafamiliar dentro de estos espacios habitacionales.
La diputada agregó que la falta de un protocolo formal de actuación conjunta entre la seguridad privada y la Policía Municipal puede agravar estos incidentes, derivar en retrasos en la atención, errores en la preservación del lugar de los hechos, uso indebido de la fuerza e incluso responsabilidades legales para los propios guardias.
Asimismo, la panista advirtió que tanto la Ley de Seguridad Pública del Estado como la Ley de Seguridad Privada regulan funciones sectoriales, pero no contemplan mecanismos de coordinación operativa, intercambio de información, obligaciones de capacitación, límites de actuación conjunta ni responsabilidades administrativas derivadas de esta colaboración.
Por ello, propuso crear un modelo de coordinación regulada entre policías municipales y servicios de seguridad privada en fraccionamientos, sin delegar funciones públicas ni privatizar la seguridad.
Finalmente, la legisladora resaltó que, de aprobarse esta iniciativa, se podrían reducir los tiempos de respuesta, fortalecer la prevención del delito y profesionalizar la vigilancia privada, siempre dentro del marco legal.
Foto de Oscar Rodríguez/Agencia Enfoque
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