El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro Martínez, informó que nunca existió un acuerdo para excluir el punto de asuntos generales durante la sesión en la que el Pleno del Congreso designó al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Germán Reyna y Herrero, por lo que consideró que esta omisión vulneró los derechos político-electorales de las y los legisladores.
Ante esta situación, el legislador señaló que se acercó al presidente del Congreso, al área jurídica y a la Secretaría General para notificar que no se había incluido ese punto en el orden del día. Al no recibir respuesta, presentó un Juicio para la Defensa de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de conocer las razones de esta omisión.
Castro Martínez sostuvo que, en caso de haber existido un acuerdo político, lo cual negó, no se habrían opuesto, ya que ello habría permitido eficientar el desarrollo de las sesiones. Sin embargo, afirmó que el problema radicó en un error de la Secretaría General al no informar que el apartado de asuntos generales no estaba contemplado.
El diputado enfatizó que la exclusión de este punto fue deliberada con la intención de inhibir la participación de las y los legisladores. Señaló que, de haberse sometido a votación en la sesión, como él lo solicitó, el tema se habría resuelto, incluso con una mayoría a favor por parte de Morena y sus aliados.
Marcos Castro indicó que el objetivo del juicio es garantizar los derechos de los legisladores, demostrar que no existió un acuerdo previo y evidenciar que el procedimiento no se realizó de manera correcta, además de hacer valer su derecho a participar durante esa sesión.
Asimismo, el panista recordó que como parte del procedimiento para la elección del auditor, en la fracción V se establecía la posibilidad de realizar cuestionamientos al aspirante sobre su plan de trabajo, lo cual solicitaron un día antes durante las entrevistas y también en la Junta de Gobierno, sin obtener respuesta. Por ello, consideró que la estrategia de limitar la participación de los diputados fue un error.
Finalmente, Castro Martínez informó que cada diputado involucrado tramitó su propio juicio, por lo que se prevé la existencia de al menos cinco procedimientos ante el Tribunal Electoral.
Foto de Oscar Rodríguez/Agencia Enfoque
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