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La extorsión, el impuesto que puede quebrar a México

Por Rubén Furlong
27 enero, 2026
En Análisis
La extorsión, el impuesto que puede quebrar a México

La semana pasada participé en las Juntas Nacionales de COPARMEX. Ya les he comentado en otras ocasiones que es un evento que disfruto mucho y que, desde que participo como presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático, disfruto todavía más.

Entre otras cosas, porque me permite conversar con amigos empresarios de todo el país, de distintos sectores y tamaños. Es, sin exagerar, la ONU de los empresarios: un espacio donde se cruzan visiones, preocupaciones y realidades muy distintas, y que ofrece un panorama mucho más amplio de lo que realmente está ocurriendo en el sector productivo. A eso se suman los temas de la agenda nacional de COPARMEX, trabajados por sus comisiones y enriquecidos por la participación de especialistas invitados.

En esta ocasión, de entre todos los asuntos que abordamos, hubo uno que se impuso por encima del resto y que me ha tenido reflexionando durante varios días. Surgió a partir de los resultados más recientes del ejercicio nacional #DataCoparmex y confirma algo que muchos empresarios ya viven en silencio: la extorsión no sólo está creciendo, sino que lo está haciendo frente a la mirada pasiva, cuando no complaciente, de las autoridades encargadas de combatirla.

En México tenemos 2 tipos de impuestos, los que pagamos con trasferencias y un poco de paciencia, y los que pagamos con miedo, patrimonio y a veces con sangre.

La extorsión pertenece a esta última categoría, un cobro ilegal, que pareciera estarse volviendo cotidiano y que se ha convertido en uno de los principales enemigos silenciosos de la actividad empresarial, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

La extorsión no es nueva. Ha estado ahí quizás desde siempre, mutando de forma y de método. A veces es burda, violenta y localizada, otras es sofisticada y masiva. La gran diferencia es que hoy parece institucionalizarse.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, retomadas por COPARMEX, el número anual de víctimas de extorsión pasó de poco más de 6 mil en 2015 a más de 11 mil en 2025. Un crecimiento cercano al 80% en una década. Y eso considerando únicamente los casos denunciados. Porque en este delito, como en muchos otros, la cifra negra es la regla, no la excepción.

El verdadero foco rojo es que la extorsión crece incluso cuando otros delitos se estancan o disminuyen. Eso la convierte en un delito estructural, no coyuntural. No es una anomalía del sistema; es parte del sistema.

El impacto económico es brutal. No sólo porque implica una transferencia directa de recursos del sector productivo hacia redes criminales, sino porque condiciona decisiones clave: dónde invertir, si crecer, si contratar, o incluso si mantener abierto el negocio. Para una gran empresa es un golpe; para una micro o pequeña, muchas veces es la sentencia de muerte.

#DataCoparmex es contundente: casi la mitad de las empresas afiliadas reportaron haber sido víctimas de algún delito, y la extorsión ocupa el segundo lugar. En casi siete de cada diez casos, el contacto fue telefónico. Y aquí aparece el dato más inquietante de todos: en casi un tercio de los casos, el cobro estuvo vinculado con alguna autoridad o con personas que aparentaban serlo.

Detengámonos ahí.

Aunque esto es en sí una tragedia total, podemos coincidir en que una cosa es enfrentar al crimen organizado, y otra muy distinta es no saber si quien te extorsiona trae un arma… o una credencial o viene en una patrulla. Cuando la línea entre delincuente y autoridad se difumina, el daño no es sólo económico: es institucional. Se erosiona la confianza, se normaliza la ilegalidad y se instala una sensación de indefensión absoluta.

No es casualidad que la extorsión se concentre territorialmente. Cinco entidades concentran más del 65% de las víctimas, y diez estados acumulan más del 80%. Tampoco es casualidad que en 2025 haya crecido en 20 de las 32 entidades del país, incluyendo incrementos de dos y hasta tres dígitos en estados como Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México o Chiapas. Esto no es una infección localizada: podemos coincidir en que ya es una pandemia nacional.

Particularmente grave es lo que ocurre en regiones estratégicas: fronteras, corredores logísticos, zonas industriales. La extorsión no sólo roba dinero; encarece el país, vuelve menos competitivo al mercado interno y mina cualquier discurso oficial sobre atracción de inversiones, nearshoring o desarrollo regional.

La reciente Ley General para combatir la extorsión es un paso necesario, pero claramente insuficiente si no se traduce en unidades especializadas en las fiscalías estatales, recursos presupuestales reales y una coordinación efectiva entre niveles de gobierno.

Combatir la extorsión exige recursos, inteligencia, Estado de Derecho y algo que muchos gobiernos no están dispuestos a intentar: depuración interna, rendición de cuentas y tolerancia cero a la complicidad institucional.

La razón principal de ser del estado es la seguridad de sus ciudadanos, quienes voluntariamente renunciamos al uso de la fuerza para que sea éste quien la ejerce al protegernos, cuando el Estado no protege pierde su derecho a ser Estado.

La conclusión es inevitable: la extorsión ha crecido no sólo porque hay criminales dispuestos a cometerla, sino porque hay autoridades incapaces o renuentes a detenerla. En algunos casos, incluso dispuestas a participar.

Mientras eso no se asuma con claridad, cualquier estrategia será cosmética.

Las empresas, especialmente las MIPYMES, no están pidiendo privilegios. Con reglas claras, seguridad mínima y la posibilidad de trabajar sin miedo, harán lo que siempre han hecho: sostener el empleo y mover la economía nacional. No es mucho pedir. La alternativa viene en el título.

La extorsión es el impuesto criminal por el que nadie votó, pero que millones pagan todos los días. Y mientras siga creciendo, no habrá reforma, plan ni narrativa que alcance para compensar el daño que provoca a la economía, al empleo y, sobre todo, a la confianza en nuestras instituciones.

Ese es el verdadero costo. Y lo estamos pagando todos.

¡Un abrazo!

Rubén Furlong Martínez

Los leo en X: @RubenFurlongM

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