Las reformas constitucionales realizadas en los últimos 50 años en materia político-electoral habían construido un sistema democrático que permitió grandes alternancias en nuestro país, la primera, en el año 2000 y la segunda, en 2018, cuando la izquierda mexicana por fin accedió al poder público.
Sin embargo, llegar a esa parte de nuestra historia no fue sencillo, detrás estuvieron revueltas sociales que integraron diversos sectores que buscaban realmente un avance democrático, en el que todas las voces se vieran representadas.
Vinieron grandes reformas, impulsadas por el partido hegemónico, el PRI. La primera en 1977 cuando por fin se elevó a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos, así como la creación de los llamados diputados plurinominales, para que las minorías políticas tuvieran representación en las Cámaras legislativas, aunque no alcanzaran los votos.
Vinieron más cambios que se centraron en lograr un sistema equitativo, aún con todos los negativos que buscan desacreditar los gobiernos que también abrieron caminos para que todas las expresiones fueran escuchadas. En 1990 se estableció en el artículo 41 constitucional la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), con un presidente del Consejo General que sería el titular de la Secretaría de Gobernación.
Los procesos electivos posteriores dieron pie a que en 1996 el IFE, «se liberalizara», retirando cualquier agente gubernamental para su dirección, mientras tanto en el año 2000 vino la equidad de género con un 70/30, en 2008 subió a 40 por ciento la proporción de candidaturas para las mujeres y en 2019, se elevó a rango constitucional la obligación de garantizar un 50 por ciento de candidaturas para ellas.
Todos estos cambios permitieron no sólo el empoderamiento de fuerzas políticas que fungían como opositoras a los gobiernos en turno, sino para abrir la oportunidad a muchas mujeres que hoy desempeñan cargos de elección popular con resultados, pero lo más importante, es que se tenía un árbitro electoral que permitía certeza en los resultados.
La denominada «Ley Maduro» que impulsa Morena y sus aliados en las Cámaras legislativas, no sólo pretende desaparecer el órgano electoral y los que existen en los estados, sino la autonomía que había logrado, además de que busca eliminar la representación de las fuerzas políticas, vía la representación proporcional y debilitar a las minorías con menos presupuesto a los partidos políticos. En pocas palabras, pretende regresar al modelo que existió en la década de los 70, y que evidentemente fue un fracaso.
