La vinculación criminal de la clase política mexicana actual ya no puede explicarse como una suma de escándalos aislados ni como un recurso retórico de la confrontación partidista. Es un riesgo estructural vigente que compromete la seguridad nacional, la gobernabilidad democrática y la viabilidad misma del Estado mexicano.
Conviene hacer una precisión histórica para evitar comparaciones engañosas. El caso de Genaro García Luna —condenado en Estados Unidos por narcotráfico— ilustra la captura individual de una institución del Estado mexicano, no la infiltración orgánica de un partido político. Se trató de un episodio de corrupción policial de altísima gravedad, pero no de una simbiosis estructural entre crimen organizado y una organización política. La distinción es fundamental: una cosa es la corrupción personal que degrada una institución; otra, cualitativamente distinta y mucho más peligrosa, es la colusión sistémica que convierte a los partidos políticos en vectores funcionales de intereses delictivos.
En amplias regiones del país, las organizaciones criminales influyen en los procesos electorales: financian campañas, imponen candidaturas y condicionan las decisiones de los gobiernos locales. En algunos casos, incluso, cargos legislativos, ejecutivos o judiciales son ocupados por delincuentes. El resultado es un orden híbrido, en el que la legalidad formal convive —y en ocasiones se subordina— a la criminalidad. El Estado no desaparece: se degrada.
Este fenómeno no es exclusivo de MORENA, aunque su escala territorial y la tolerancia política al crimen que hoy le rodea lo vuelven particularmente riesgoso. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y otras fuerzas políticas también han mostrado debilidades estructurales que las han hecho vulnerables —y en no pocos casos permeables— a la colusión delictiva en los tres órdenes de gobierno. Cuando esta práctica se normaliza, la competencia electoral deja de resolverse en las urnas y comienza a definirse mediante amenazas, dinero ilícito, coerción y violencia directa. Las consecuencias están a la vista; la elección de 2024 fue la más violenta del mundo, no fue un accidente ni un pico estadístico excepcional, sino la confirmación de un patrón. Todo indica que la elección intermedia de 2027 será igual o más peligrosa, porque la violencia política ya no es un fenómeno marginal: se ha instalado como método de operación en el sistema electoral mexicano siendo tolerada con gran impunidad.
La relación es directa y verificable: la violencia política es proporcional al nivel de corrupción del sistema. A mayor captura institucional, mayor competencia violenta por el poder. A mayor impunidad, mayor disposición a sustituir el voto libre por la coerción. La violencia no surge de la nada; es el síntoma de un Estado que ha perdido capacidad de arbitraje electoral legítimo.
Distintos análisis estratégicos —incluida la Agenda Nacional de Peligros y Riesgos México 2026— advierten además una transición aún más preocupante: la delincuencia organizada está dejando de ser solo un actor vinculado al poder político para convertirse, en algunas regiones, en gobiernos estatales y locales de facto. Controla territorio, seguridad, economía y procesos electorales completos. Este cambio tiene implicaciones profundas.
Si la tendencia no se revierte en 2027, el proceso electoral federal de 2030 enfrentará un riesgo inédito: por primera vez existe una probabilidad real de que la Presidencia de la República, y las posiciones legislativas sean disputadas y, en consecuencia ocupadas por estructuras criminales, algunas de las cuales ya son consideradas —o están en camino de serlo— organizaciones terroristas. Esta es una advertencia sobre escenarios posibles si el deterioro continúa.
Frente a este panorama, la salida es clara, aunque políticamente costosa: todos los partidos, empezando por el que gobierna, deben entender que es indispensable prescindir de su capital criminal, aún cuando ello implique pérdidas electorales y retrocesos territoriales en el corto plazo. De no hacerlo se garantiza más violencia; haciéndolo, se abre una posibilidad real de reconstrucción y recuperación de las instituciones del Estado mexicano.
Paradójicamente, esta renuncia forzada puede convertirse en una oportunidad histórica. Un sistema político no capturado permitiría restablecer el equilibrio, recomponer el balance del poder y devolver a las elecciones su función esencial: la competencia equilibrada en una democracia real que evite una ocloclacia criminal.
La corrupción individual degrada instituciones; la colusión estructural degrada al Estado mismo. Si la violencia sustituye al voto, la democracia deja de ser una promesa y se convierte en una simulación. Ese es el riesgo real.
