La escandalosa detención del alcalde de Tequila Jalisco exhibe el muy grave escenario en el que la delincuencia organizada tiene y “gobierna” una buena parte de la República mexicana.
Como nunca antes, los grupos criminales en México surgieron, crecieron, se diversificaron y se empoderaron al grado de gobernar regiones enteras, impedir campañas e imponer candidatos que después han llegado a ser autoridades legítimas.
Por supuesto, detrás de esta perversa práctica hay todo un tinglado de simulaciones y permisividad por parte de las autoridades federales, estatales y municipales. La llegada del crimen al poder político mexicano no ha sido gratuita, el dinero ilegal les permitió llegar hasta la más alta posición mexicana y eso ha marcado al sistema político y partidista de este desorbitado país.
Análisis de las propias autoridades mexicanas y de los Estados Unidos refieren que de los 2 mil 478 municipios y alcaldías existentes en la república, cuando menos un 8 por ciento están tomados total o parcialmente por el crimen organizado, por grupos delincuenciales regionales o por actores que iniciaron en la política y ahora son abiertos malhechores.
Todo el territorio nacional sufre de este mal, todos los estados guardan regiones “calientes” donde las autoridades simplemente no pueden ni siquiera acercarse, mucho menos intervenir para rescatar a poblaciones enteras secuestradas y sometidas a la extorsión y a la violencia cotidiana.
Puebla no escapa a esta peligrosa realidad heredada por el autor intelectual de la 4T y de la política de los “abrazos, no balazos”.
Hace apenas unos días fue detenido en Tlaxcala el exalcalde del municipio de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, un hombre acusado por los delitos de extorsión, tráfico de drogas, secuestro, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y otros.
Este hombre llegó a la presidencia municipal del municipio poblano gracias a la candidatura que le entregó Morena en el proceso electoral del 2024.
En la misma circunstancia ocurrió la detención de los presidentes municipales de Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma, hermanos y miembros de la banda “Los Vieyra”, quienes, junto con su hermano, alcalde de San Nicolás Buenos Aires (hoy prófugo de la justicia), llegaron al poder a través de candidaturas por demás cuestionadas.
Pero la lista de “autoridades” investigadas por las autoridades estatal y federales alcanza también las regiones de Zapotitlán de Méndez, Huehuetla, Acteopan, Ciudad Serdán, Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Palmarito Tochiapan, Quecholac, Cañada Morelos, Amozoc, Acatzingo, san Rafael Tlanalapan, San Miguel Xoxtla y otros muchos más que colindan con los estados de Guerrero y Morelos.
Se trata pues territorios controlados por la delincuencia, regiones enteras donde el crimen ha logrado meterse y hacer de estos municipios sus centros de operación para realizar delitos como el tráfico de drogas, robo de hidrocarburos, robo a transporte, extorsión, secuestro, trata de personas y más.
La ocupación criminal de municipios y diputaciones está en marcha, Morena y sus partidos aliados han sido puerta estratégica para llegar, ocupar y explotar ilegalmente esas posiciones.
Está claro que en el PRI y el PAN también dejaron pasar por muchos años a delincuentes y miserables, sin embargo, es incuestionable que la 4T fue la que con impunidad y complicidad abrió las puertas de par en par.
El problema es más que grave, el crimen tiene muy claro el camino para apoderarse legalmente de municipios y estados; los procesos electorales en México han dejado de ser un mecanismo democrático seguro y eficaz.
La propuesta de reforma electoral que ya se prepara desde el poder ejecutivo debe observar no solo la viabilidad de las diputaciones plurinominales o el costo de las elecciones. El centro del debate y el foco de atención de las autoridades debe estar puesto en la fragilidad del sistema partidista, en la obsolescencia de las reglas electorales y en la complicidad de una clase política empoderada desde la colusión y la impunidad.
De no hacerlo así, México perderá de una vez y para siempre la posibilidad de ser una nación soberana y libre, porque esas condiciones no solo se ponen en riesgo por una invasión extranjera.
La soberanía también se puede perder desde dentro, con grupos o movimientos ilegales dispuestos a imponer con dinero y por la fuerza sus propias leyes.
México está a prueba y en las manos de Morena está su viabilidad como nación.
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