Hay quien todavía se sorprende cuando los empresarios opinan públicamente sobre política. Como si hablar de reglas, instituciones o democracia nos volviera automáticamente partidistas. No. Nos vuelve responsables.
A los empresarios nos interesa la política porque nos interesan las condiciones en las que se invierte, se genera empleo y se construye patrimonio. No somos partido. No somos comparsa. Y tampoco somos adversarios profesionales de nadie. Los gobiernos van y vienen; las empresas permanecen. Nuestro deber es trabajar con quien esté en el poder… pero también señalar cuando las decisiones públicas ponen en riesgo la estabilidad que necesita el país para prosperar.
Por eso el debate sobre la Reforma Electoral no nos es ajeno.
México atraviesa un momento delicado. La violencia no cede en gran parte del país, el Estado de Derecho enfrenta tensiones evidentes, la economía mundial se desacelera y en el horizonte inmediato tenemos la revisión del T-MEC, además de la actualización del Acuerdo Global con la Unión Europea. En este contexto, abrir un frente interno que genera incertidumbre institucional no parece, por decirlo educado, la mejor jugada estratégica.
Algunos dirán que exageramos. Que se trata solo de ajustar las reglas de nuestro modelo democrático. Pero en economía la confianza es un activo estratégico. Sin ella, el crédito se encarece, las inversiones se detienen, no se generan los empleos y el desarrollo no ocurre. No se decreta desde Palacio Nacional y no se impone por mayoría legislativa; se tiene que ganar con reglas claras. Y se pierde cuando esas reglas empiezan a moverse por cálculo político.
Desde la década de los noventa, el sistema electoral mexicano fue producto de consensos amplios: ciudadanía organizada, academia, oposición, oficialismo. Fue un proceso gradual, imperfecto, sí, pero orientado a generar árbitros autónomos, profesionalización técnica y condiciones de competencia real. Gracias a ese sistema hubo alternancia en todos los niveles. Gracias a ese sistema el régimen actual llegó al poder.
No es menor recordarlo.
Cuando hoy se propone una reforma que no surge del consenso, sino del impulso de una mayoría legislativa circunstancial, envalentonada por los números y nerviosa por sus propios resultados, la sospecha es inevitable: parece más un intento de blindaje político que una inspiración democrática. El mensaje hacia dentro y hacia fuera es delicado. No se trata de defender estructuras intocables, sino de entender el momento.
Porque la discusión no es si el sistema es perfectible, claro que lo es, sino si este es el contexto adecuado para modificar las reglas del juego democrático sin acuerdos amplios y sin una narrativa de inclusión que genere certeza.
Desde la perspectiva empresarial, la pregunta es aún más directa: ¿qué efecto tiene esto sobre la inversión?
Los inversionistas, nacionales y extranjeros, además de infraestructura, evalúan estabilidad regulatoria, respeto a contratos, independencia de instituciones, previsibilidad política. Si el debate público se centra en modificar los fundamentos electorales, inevitablemente se encienden alertas. No es la primera vez que el régimen juega a capricho y la percepción de riesgo aumenta.
Justo cuando necesitamos lo contrario.
Puebla lo sabe bien. Somos un estado industrial, exportador, profundamente integrado a la economía de Norteamérica. El T-MEC es la plataforma sobre la que operan cientos de empresas y miles de empleos. En la revisión que se avecina, la fortaleza institucional de México será parte del análisis político y económico. La legitimidad democrática es un activo internacional. Debilitarla es un lujo que no deberíamos darnos.
En la COPARMEX han sido claros: la prioridad nacional debe estar en seguridad, Estado de Derecho y crecimiento. Sin paz no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay desarrollo inclusivo.
Los empresarios sabemos que las reglas importan y la certidumbre, que viene a partir de ellas, es condición indispensable para que una micro, pequeña o mediana empresa se atreva a expandirse, contratar o formalizarse.
Y también porque entendemos que una democracia sólida es el mejor entorno para la prosperidad.
Una reforma electoral solo es legítima cuando fortalece la confianza y nace del diálogo amplio. De un consenso que incluye a las minorías, respeta la autonomía técnica y es construido desde la sociedad, no únicamente desde la ideología y la aritmética legislativa.
Hoy no vemos ese consenso. Ni siquiera entre los integrantes del bloque dominante, que se han dado hasta con la cubeta y han mostrado lo poco consolidado que es su movimiento y lo lejos que están de los altos estándares que enarbolan.
La mejor reforma electoral, en este momento, es que no haya reforma.
No porque el sistema sea intocable. Sino porque el país tiene prioridades más urgentes. Porque la estabilidad institucional es un activo estratégico en la coyuntura internacional. Porque abrir frentes innecesarios debilita nuestra posición cuando deberíamos estar enviando señales de cohesión.
Los empresarios no aspiramos a decidir elecciones. Aspiramos a que haya reglas claras para que los ciudadanos las decidan en libertad. No buscamos confrontación permanente; buscamos condiciones para trabajar y generar valor social.
Si el sistema actual permitió alternancia y competencia real, puede seguir haciéndolo mientras construimos, con serenidad y consenso, cualquier mejora futura.
México necesita unidad, no distracciones. Necesita seguridad, inversión y confianza. Necesita que la política esté al servicio del desarrollo, no que el desarrollo quede subordinado a cálculos políticos.
Lo responsable hoy es enfocarnos en lo urgente y preservar lo que ha funcionado. Las reglas del juego democrático no son el botín de una mayoría; son nuestro patrimonio común.
Y en tiempos de incertidumbre global, cuidar ese patrimonio es, también, una decisión económica.
Ojalá lo entiendan, quienes deben entenderlo.
Un abrazo.
