La historia ya nos la sabemos. Se anuncia una reforma profunda. Desde una mañanera nos explican que es una “exigencia del pueblo”. Curiosamente, coincide exactamente con la que necesitaban para consolidar su cuarta transformación.
Qué fortuna.
Sin mayor trámite, en cuestión de semanas la reforma se impone gracias a una mayoría legislativa aplastante que nunca se detiene en detalles “burocráticos” como el diálogo, el consenso… o la realidad. Es la fórmula de la casa.
La narrativa ya está posicionada: si el pueblo lo pide, entonces todo se vale. Y si alguien no está de acuerdo, es porque está contra el pueblo. Contra la patria. Contra la historia. Contra todo.
Pero esta vez algo salió mal.
Todo comenzó cuando la presidenta Sheinbaum decidió cumplir un último capricho a su predecesor y encargó la redacción de una reforma electoral que pretendía venderse como una corrección necesaria al sistema democrático mexicano, pero que terminó confirmando los peores temores: era un vulgar proyecto de poder.
Igual que otras veces, se vendió como un mandato popular. Cuando es evidente que el país enfrenta problemas bastante más urgentes y que sí están en la mente de los ciudadanos: regiones enteras atrapadas por la violencia, un sistema de justicia que no está funcionando y una economía que necesita certidumbre para generar confianza en quienes invierten, crean empleo y producen bienestar.
Pero Palacio Nacional no es el país. Así que había que reformar el sistema electoral.
Para ello decidieron que la solución implicaba retroceder décadas en el modelo institucional que México ha construido con enorme dificultad desde los años noventa. En términos prácticos, abría la puerta a algo que ha sido el sueño húmedo de más de un presidente democráticamente electo: la restauración de un partido de Estado.
La apuesta parecía sencilla: repetir la mecánica que ya conocemos. Mayoría legislativa, disciplina partidista y aliados satélite levantando la mano sin hacer demasiadas preguntas.
Pero esta vez los satélites decidieron mirar al cielo.
Y vieron el meteorito.
Los pequeños partidos que durante años han acompañado al régimen, con un entusiasmo digno de mejores causas, entendieron algo elemental: esta reforma no sólo reconfiguraba el sistema electoral… también podía significar su desaparición.
Y entonces ocurrió lo impensable. Dijeron que no.
No por convicción democrática, desde luego. Nadie es tan ingenuo. Lo hicieron por supervivencia. La reforma no pasó.
El régimen, acostumbrado a la obediencia automática, se encontró con un límite inesperado. Y la reacción no tardó en aparecer: los legisladores “aliados “que votaron en contra, empezaron a sufrir lo que muchos activistas, periodistas y empresarios han padecido en los últimos años: el señalamiento público como “traidores a la patria”.
Una muletilla vieja, desgastada… y profundamente peligrosa.
Porque parte de una idea inquietante: que la patria es un régimen político.
Ese es el problema cuando el poder se construye a partir de la negación del otro. Cuando el disenso deja de ser parte natural de la democracia y se convierte en una traición. Cuando quien piensa distinto deja de ser adversario y pasa a ser enemigo.
Un tipo de lógica suele ser el primer paso hacia otra cosa.
Desafortunadamente, el valor y las convicciones democráticas de los partidos satélite duraron exactamente lo que dura un video viral. Hoy, sabiendo que ya nadie los necesita, han anunciado que ahora sí apoyarán el Plan B de la presidenta. Que siempre han sido aliados. Que todo está bien.
El debilitamiento de nuestra democracia, el retroceso institucional y hasta su propia desaparición política siguen ahí, acechando. Pero qué más da. Ellos ya “se arreglaron”. Nada nuevo bajo el sol.
Pero hay una conclusión más importante en todo esto: independientemente del espectáculo de arrebato y arrepentimiento de algunos legisladores del régimen, quedó demostrado que una reforma electoral no es una exigencia ciudadana. No lo era antes y no lo es ahora.
Durante semanas lo dijeron especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y múltiples voces públicas: nuestro sistema democrático puede y debe mejorar, pero las reglas del juego electoral no pueden modificarse al vapor ni bajo la lógica de la imposición.
Cuando se alteran las bases que sostienen la competencia política sin un acuerdo amplio, lo que se genera no es progreso institucional, sino incertidumbre. Y la incertidumbre, en un país que hoy necesita urgentemente atraer inversión, generar empleo y fortalecer su desarrollo, es exactamente lo contrario de lo que México necesita.
Las reglas del juego democrático deben ser estables, previsibles y legítimas.
No herramientas coyunturales del poder.
Además, la presidenta Sheinbaum hoy ya no necesita imponer una reforma electoral. Quizá hace unos meses debía complacer a la grada que supervisa desde Tabasco, pero ahora tiene margen de maniobra.
Su popularidad ha tenido un repunte importante, impulsado por varios factores. Entre ellos, el reconocimiento que ha recibido por su manejo de la relación con Donald Trump y también por los acontecimientos en Tapalpa, Jalisco, que marcaron el fin oficial de la fallida política de “abrazos, no balazos” que inundó de sangre y terror al país.
Ese momento político la fortalece.
Le da aire.
Y quizá también una oportunidad.
Porque ese capital político podría utilizarse para algo mucho más útil que insistir en una reforma electoral que nadie pidió: bajar dos rayitas a la ideología, reducir la polarización, cerrar frentes innecesarios y concentrarse en los desafíos que verdaderamente exigen la atención del Estado.
En otras palabras: gobernar.
México no necesita cumplirle caprichos a nadie.
Sí, un Plan B es posible. Morena podría imponerlo. No sería la primera vez.
Nadie duda que pueden.
La pregunta es otra:
¿deben hacerlo?
Porque el consenso claramente no existe. El costo institucional sería enorme. Y la historia suele ser particularmente severa con quienes, teniendo la oportunidad de fortalecer la democracia…
Decidieron debilitarla.
Un abrazo.
