Si uno se pone a desmenuzar todas las “red flags” del Plan B de la presidenta, más vale tener estómago fuerte. Hay de todo: desde un regreso al centralismo setentero hasta golpes muy bajos que buscan poner de rodillas a nuestro modelo electoral.
Hoy me detengo en una que ha pasado peligrosamente de puntitas: la tentación de regular las redes sociales. Con el pretexto de combatir bots y campañas negras, han abierto la puerta a bajar contenidos o campañas digitales durante las elecciones y “limpiar” la conversación pública.
Independientemente de si logran ponerse de acuerdo en el Senado y esto avance o no, hay algo que inquieta más: ningún grupo parlamentario parece realmente preocupado por este tema. Entiendo que primero está la supervivencia política: aferrarse a posiciones y defender recursos. Pero hacerse los desentendidos frente a un intento tan evidente de censura política da muy mala espina.
Decidir “a dedo” qué se puede decir y qué no durante un proceso electoral, en cualquier democracia, es censura.
México ya ha peleado demasiado por la libertad de expresión como para entregarla envuelta y con moño.
Déjenme poner un ejemplo de ultramar. En España, el gobierno de Pedro Sánchez lleva tiempo jugando a “ser México”: se dice de izquierda y progresista, se sostiene por narrativas polarizantes y alianzas difíciles de explicar, con resultados adversos, incongruencias y escándalos de corrupción que persiguen a sus dirigentes.
En ese contexto, decidieron lanzar algo que, si no fuera real, parecería una idea de Javi Noble: un medidor oficial de odio en internet. Un ranking público de quién difunde más “odio” en redes sociales.
Se llama HODIO. Dejando de lado que el nombre parece sacado de una organización que busca dominar el mundo en una película de James Bond, en la distopía que vivimos algo así puede sonar moderno… hasta necesario. Lo que asusta es quién decide qué es odio.
Es el propio gobierno quien define el concepto, lo mide, publica los resultados y, por supuesto, presiona a las plataformas para actuar en consecuencia. Todo queda en casa. Todo bajo control.
En el caso español, al menos hay un contrapeso real: un Poder Judicial independiente. Un Tribunal Constitucional que ya dejó claro, desde 2019, que rastrear opiniones políticas en redes vulnera derechos fundamentales. En términos simples, pone límites que ayudan a frenar impulsos autoritarios.
Pero el impulso ahí está.
Y para entenderlo, hay que ver, y comparar, el contexto: un gobierno cuestionado, con desgaste acumulado y una conversación digital que no le es favorable. ¿Qué hace el poder cuando la crítica le rebasa? No la responde, mucho menos le entra al debate. La mide. La clasifica. La etiqueta.
La domestica.
En México vivimos versiones tropicalizadas de esta lógica: ¿quién no recuerda a la señorita que no sabía leer en “quién es quién en las mentiras”? ¿O su versión renovada, ahora llamada “detector de mentiras”? Son espacios oficiales donde el poder decide qué narrativa es válida y cuál merece exhibición pública.
El mecanismo es siempre el mismo: el gobierno define al “malo”, construye el instrumento y deja al crítico marcado.
En Venezuela, sus leyes contra el odio han silenciado disidencias durante años. En Colombia, etiquetas como “máquinas del fango” sirven para desacreditar a quien incomoda.
México no es España, ni Venezuela. Pero todos parecen viajar en la misma dirección. Y recordemos que un Poder Judicial independiente es un lujo que en México ya no tenemos.
Así que cuando gobiernos de los tres niveles, de piel delgada y resultados pobres, ahogados en escándalos y sostenidos a punta de una narrativa polarizante, voltean a ver las redes sociales con ánimo regulador… más vale prender todas las alarmas.
Y no estamos tratando de negar lo evidente: sí, hay odio en internet. Sí, hay mentiras. Sí, hay manipulación.
Pero cuando el grupo en el poder empieza a medir el “odio” de los demás, a clasificar opiniones y a decidir cuál es la verdad permitida, es porque la crítica dejó de ser tolerable.
Lo más grave es que en México hoy ni siquiera hace falta prohibir o censurar abiertamente. Basta con señalar. Basta con rankear. Basta con que la gente sepa que alguien está mirando.
Eso cambia todo.
Cambia lo que se dice. Cambia cómo se dice. Cambia, sobre todo, lo que la gente se atreve a pensar en voz alta.
Si con eso no alcanzara, recordemos nuevamente, hay un poder judicial listo a confeccionar trajes a la medida del funcionario en turno.
Y eso, aquí y en cualquier democracia, tiene nombre: no es combate al odio o a la mentira, es administración del miedo.
“El primer arte que deben aprender quienes aspiran al poder es soportar el odio, no perseguirlo en los demás.”
Hoy vamos en sentido contrario.
Si el régimen logra poner orden entre sus aliados políticos, llevará a la ley la censura que ya ensaya en la práctica: marcar, señalar, clasificar. Convertirá su incomodidad ante la crítica en delito.
Muchos de los que hoy coquetean con estas herramientas fueron, en su momento, víctimas de censura, de persecución, de un sistema que no toleraba la disidencia. Lo denunciaron. Lo combatieron. Lo padecieron.
Hoy están decididos a convertirse en todo aquello contra lo que lucharon cuando eran jóvenes… La ironía es brutal.
Un abrazo, en especial a mi querido amigo Miguel Alfonso Meza, de DefensoresMX, que como no tiene miedo, hoy es perseguido por el Poder Judicial tras documentar los vínculos de una jueza con el crimen organizado.
Fuerza, Miguel
