El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
Así lo hicieron la mayoría de parlamentarios del partido de Netanyahu, el Likud, y todos los partidos de su coalición menos el ultraortodoxo Yahadut HaTora (Judaísmo de la Torá). El ultraderechista Israel Beitenu (Nuestro Hogar Israel), en la oposición, votó en cambio a favor.
En general, los partidos de la oposición, incluyendo Yesh Atid (Hay Futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe para la Renovación), votaron en contra.
Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.
«La ley es populista, inmoral, no igualitaria», condenó durante el debate de este lunes el diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, calificándola de «claramente inconstitucional».
La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.
El debate en la Knéset se prolongó durante más de 10 horas y estuvo marcado por intervenciones emotivas y críticas.
Fuera de los turnos de palabra, los diputados siguieron la sesión de manera telemática, conforme al estado de emergencia declarado por la guerra, que limita el número de personas reunidas en interiores.
Durante la sesión, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, señaló que «en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos».
«En este caso, las identidades de la víctima y el asesino son las que determinan la sentencia (…): asesinato o defensa propia. Y es que, ¿acaso se aplicará a los colonos asesinos?», se preguntó.
Por su parte, Limor Son Har-Melej, diputada del partido ultranacionalista Otzma Yehudit y una de las promotoras de la ley, aseguró que la decisión representa «un momento de justicia histórica» para las familias que perdieron seres queridos en atentados terroristas. Su marido, recordó durante su intervención, falleció en un atentado en 2003.
«No más cárceles para asesinos, que se convierten en hoteles, como ocurría antes de la llegada al cargo del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir», afirmó la diputada ultraderechista. «Desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real», añadió.
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. Su debate se produjo tras la aprobación ‘in extremis’ esta madrugada de los presupuestos generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de Netanyahu.
Según recogen medios israelíes, funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que plantea la legislación incluso después de que se suavizara su redacción, señalando que la medida podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero.
Además, numerosos rabinos, expertos legales, representantes del sindicato de médicos, abogados y activistas por los derechos humanos israelíes expresaron repetidamente su rechazo a la propuesta durante los debates sobre la misma en la comisión parlamentaria, llevados a cabo hasta cuatro veces por semana desde que fuera aprobada en primera lectura el pasado septiembre.
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.
