El Gobierno de México criticó este jueves la «falta de rigor jurídico» del reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al considerar que es «tendencioso» y que «omite los esfuerzos institucionales» en esta materia por parte de la actual administración de Claudia Sheinbaum.
Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) rechazaron este informe en un comunicado conjunto, en el que lo tildaron de «tendencioso» por «no tomar en cuenta» las observaciones y análisis presentadas por el Estado mexicano.
El informe del comité de la ONU señala al país norteamericano como el que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo, al tiempo que alerta de que registró un repunte significativo en los últimos meses.
Además, destaca que México acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo. También advierte de fallos graves en los sistemas de respuesta del Estado.
Al respecto, el Gobierno mexicano subraya que el documento se centra sobre todo a hechos ocurridos desde el 2009 hasta el 2017, cuando gobernaban Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), de distinto color político que la actual administración, por lo que «omite considerar» las medidas tomadas por el Ejecutivo liderado por Sheinbaum.
«Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución», aseguraron la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.
El Gobierno calificó la decisión del CED de «parcial y sesgada», ya que -añade- en el propio informe se reconoce que «no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión».
Esta afirmación, apunta el Ejecutivo, refleja la situación actual del país, que a su juicio es «diferente a la de periodos anteriores».
Por todo ello, las autoridades mexicanas cargaron contra el texto del comité de la ONU, al que acusaron de «falta de rigor jurídico» y de «ligereza en sus premisas».
Asimismo, destacaron el «conflicto de interés» de algunos de los integrantes de la CED que redactaron el informe, dado que «existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano».
«El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo», insistieron.
El país subrayó su «compromiso absoluto» para erradicar la problemática de las desapariciones forzadas y se dijo «abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual».
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