Durante diez años, ocho gobiernos distintos intentaron capturar al principal líder huachicolero del Triángulo Rojo de Puebla. Diez años de operativos, enfrentamientos y bajas entre elementos de seguridad, frente a una estructura criminal que parecía intocable. El sábado 18 de abril de 2026, en la localidad de Tres Cabezas, en Chignahuapan, esa racha terminó.
La detención de Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de algo que en materia de seguridad pública suena sencillo, pero que en la práctica cuesta mucho construir: coordinación real entre los tres niveles de gobierno.
El operativo que logró su captura involucró a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, trabajando con un mismo objetivo y compartiendo información. No hubo protagonismos ni disputas de competencia. Hubo inteligencia aplicada, voluntad política y una decisión clara: este objetivo prioritario no podía seguir evadiéndose.
Ese modelo es el que Puebla consolida y el que, desde la representación federal, acompañamos con convicción.
El Triángulo Rojo no es un problema nuevo. Municipios como Palmar de Bravo, Esperanza, Cañada de Morelos y Quecholac han vivido durante años las consecuencias de una actividad criminal que no solo robaba combustible, sino que operaba mediante secuestros, extorsiones, asaltos al transporte de carga y ataques directos contra elementos de seguridad. Una estructura que, incluso en febrero pasado, logró evadir un operativo previo y que finalmente fue superada no por la fuerza bruta, sino por el trabajo de inteligencia tecnológica y la persistencia institucional.
Lo ocurrido esta semana en Puebla deja una lección que vale la pena nombrar: la seguridad pública no se resuelve desde un escritorio. No es un tema exclusivamente municipal, ni estatal, ni federal. Es un ámbito donde la fragmentación de esfuerzos históricamente ha favorecido a la delincuencia. Cada vez que las instituciones se dividieron por conflictos de competencia, diferencias políticas o falta de comunicación, los grupos criminales encontraron los espacios que necesitaban para crecer.
El gobernador Alejandro Armenta ha sido claro al señalar que este resultado es producto de un esfuerzo colectivo. Esa lectura es correcta y merece reconocerse, no porque sea un logro de un partido o de una administración, sino porque representa una forma de hacer las cosas que debería convertirse en la norma y no en la excepción.
Desde la Cámara de Diputados, nuestro papel en esta ecuación es igualmente claro: fortalecer el marco legal que permite estas operaciones conjuntas, garantizar que los presupuestos en materia de seguridad lleguen con oportunidad y transparencia, y acompañar desde el territorio las demandas ciudadanas de tranquilidad y orden público.
La seguridad no es un tema de titulares. Es un compromiso de largo plazo que requiere continuidad, recursos y, sobre todo, gobiernos que decidan trabajar juntos sin importar quién reciba el crédito. Las familias de los municipios del Triángulo Rojo no preguntan de qué nivel de gobierno viene la solución. Preguntan cuándo va a llegar.
La respuesta que se construyó esta semana en Chignahuapan es un paso importante. Un paso que costó diez años y múltiples intentos fallidos, pero un paso al fin. La tarea ahora es no detenerse, no dispersarse y mantener la coordinación que hizo posible este resultado.
Cuando todos jalan parejo, los resultados llegan. Eso quedó demostrado.
