Los dos primeros exfuncionarios mexicanos bajo control de autoridades de Estados Unidos por acusaciones de presuntamente proteger al Cartel de Sinaloa encabezaban áreas estratégicas del gobierno estatal: seguridad pública y finanzas. El caso amenaza con convertirse en un nuevo foco de presión para México desde Washington.
Los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, según reportes difundidos el viernes, en medio de versiones sobre una posible cooperación con fiscales de Estados Unidos.
Ambos integran un grupo de diez funcionarios, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalados por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, debido a supuesta protección a operaciones de la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
Mérida, general retirado del Ejército, dirigió la Secretaría de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024, tras una trayectoria en áreas de inteligencia y operaciones militares. Renunció durante la crisis de violencia entre las facciones Los Chapitos y Los Mayos.
Según las acusaciones, habría recibido sobornos mensuales de Los Chapitos a cambio de alertar sobre operativos antidrogas y compartir información sensible.
El exfuncionario ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, donde fue puesto bajo custodia del Servicio de Alguaciles y posteriormente trasladado a Nueva York, de acuerdo con autoridades mexicanas.
Versiones periodísticas señalan que compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable e inició conversaciones con fiscales estadounidenses como posible testigo cooperante.
Mientras Mérida es señalado por presunta protección operativa e intercambio de información sensible, Enrique Díaz aparece vinculado al componente financiero y político de la investigación, que incluye movimientos de recursos, nombramientos y posibles esquemas de protección alrededor de Los Chapitos.
Díaz, contador y empresario considerado uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya, encabezó la Secretaría de Administración y Finanzas entre 2021 y 2024. Asumió el cargo al inicio del gobierno estatal, tras dirigir empresas del sector inmobiliario.
Dejó el puesto antes de la captura de Ismael “el Mayo” Zambada, hecho que detonó la crisis de violencia en la región.
Su nombre figura en acusaciones estadounidenses relacionadas con movimientos financieros y presuntos mecanismos de protección política vinculados a Los Chapitos.
Aunque no existe una confirmación oficial por parte de México o Estados Unidos, reportes periodísticos indican que Díaz se entregó voluntariamente desde Europa, donde vacacionaba, en medio de versiones sobre posibles negociaciones con fiscales del caso.
Estas acciones ocurrieron horas después de una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, enfocada en seguridad y narcotráfico, en un contexto de creciente presión desde Washington para reforzar la estrategia contra el crimen organizado.
Desde que las acusaciones se hicieron públicas a finales de abril, Sheinbaum ha sostenido que no existen pruebas públicas contra los funcionarios señalados.
Las entregas de Mérida y Díaz ampliaron el alcance del caso, que ahora rebasa los presuntos esquemas de protección policial y apunta al entorno financiero y político del gobierno estatal.
La atención se centra ahora en la información que ambos exfuncionarios podrían aportar a fiscales estadounidenses, quienes mantienen acusaciones abiertas contra Rocha Moya y otros integrantes de su entorno.
Foto: Especial
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