Hay empresarios que tardan décadas en construir una empresa rentable. Los políticos no. Ellos descubren el secreto de la prosperidad apenas pisan el gobierno: en cuestión de meses aparecen ranchos, constructoras, consultorías, desarrollos inmobiliarios, empresas de tecnología, importadoras, comercializadoras… y hasta familiares con un talento empresarial francamente milagroso.
Eso sí: cuando el gobierno como institución decide crear una empresa, suele ocurrir exactamente lo contrario. Ahí sí todo fracasa. Y fracasa muy caro.
La más reciente joya del emprendimiento gubernamental se llama OLINIA, el automóvil eléctrico impulsado desde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que promete ayudar a resolver los problemas de movilidad del país.
Presentado con una animación digna de feria tecnológica de secundaria y acompañado de promesas tan ambiciosas como vagas, el proyecto busca producir vehículos eléctricos “accesibles” fabricados por el Estado mexicano.
Todo son red flags: sobre la tecnología se sabe poco; sobre el modelo financiero, menos; sobre la viabilidad comercial, prácticamente nada.
Tampoco se ha visto una reacción relevante de las armadoras e importadores de autos en México, lo que sugiere que, por ahora, no lo perciben como un competidor real.
Afortunadamente, entusiasmo político no falta. Algunos gobernadores ya levantaron la mano para participar, lo cual tampoco dice demasiado. En este país muchos funcionarios se suben rápido a cualquier proyecto presidencial; no necesariamente porque crean en él, sino por disciplina política, conveniencia o simple acceso a presupuesto.
El problema no es fabricar autos eléctricos, sino creer que el gobierno mexicano puede hacerlo de manera competitiva cuando ni siquiera logra que funcionen bien muchas de sus responsabilidades básicas.
La historia reciente no invita precisamente al optimismo.
Ahí está el Tren Maya: costos multiplicados, subsidios permanentes y una rentabilidad que sigue dependiendo más de la narrativa que de los pasajeros.
O Mexicana de Aviación, que renació con un discurso patriótico pero con rutas canceladas, aviones prestados y números que harían sudar frío a cualquier consejo de administración serio.
También está Gas Bienestar, que prometía revolucionar el mercado del gas y terminó convertido en otro experimento subsidiado con resultados modestos.
Y, por supuesto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado entre fanfarrias ideológicas mientras sigue operando muy por debajo de lo proyectado y dependiendo de decretos para forzar el tráfico aéreo.
No hablamos solo de trenes, aeropuertos o aerolíneas. También están episodios como el de los ventiladores durante la pandemia, la vacuna Patria, o la Megafarmacia, presentada como solución definitiva al desabasto de medicamentos.
La constante es clara: el gobierno entra a competir en sectores complejos creyendo que el mercado se puede dominar con conferencias, propaganda y control político.
No entienden, o fingen no entender, que las empresas reales operan en otro terreno: el de la realidad. Uno en el que importan la productividad, los costos, la innovación, la logística, la eficiencia, la calidad y la rentabilidad.
Cosas profundamente incómodas para cualquier lógica populista.
El problema no es la ambición industrial o tecnológica. Todos los países serios buscan desarrollarla. El problema surge cuando los proyectos nacen subordinados a objetivos políticos y propagandísticos, en lugar de criterios técnicos, financieros y comerciales. Entonces las decisiones dejan de responder a la lógica empresarial y se ajustan al calendario político y a la narrativa gubernamental.
Porque administrar una empresa no se parece en nada a administrar el poder.
En política puedes sostener pérdidas indefinidamente mientras mantengas el control del discurso. En una empresa privada, el mercado te corrige sin necesidad de consulta popular.
Y aparece el elefante en la sala: ¿por qué tantos funcionarios fracasan al administrar empresas públicas mientras algunos prosperan de forma sospechosamente eficiente en sus negocios personales?
Tal vez porque el objetivo real nunca fue construir empresas competitivas, sino ecosistemas de contratos, relaciones, adjudicaciones, intermediarios, proveedores favoritos y oportunidades privadas alrededor del presupuesto público.
El gobierno no debería intentar competir con empresas privadas. Además de que suele hacerlo mal, su función es otra: garantizar legalidad, certeza, seguridad, infraestructura y competencia justa para que las empresas reales hagan lo que saben hacer: invertir, innovar, generar empleo y crear prosperidad.
Pero eso exige instituciones fuertes, reglas claras y gobiernos menos obsesionados con jugar al empresario revolucionario.
Y seamos honestos: esto no es exclusivo de la izquierda mexicana. La derecha también ha caído en la tentación del “Estado empresario”. El resultado suele ser similar: proyectos ineficientes, corrupción disfrazada de desarrollo y pérdidas socializadas entre millones de contribuyentes.
Porque cuando un empresario fracasa, pierde su dinero.
Cuando un gobierno fracasa como empresario, perdemos todos.
Y, aun así, curiosamente, siempre hay alguien que termina haciéndose millonario en el proceso.
¡Un abrazo!
