En 2025 ocurrió algo sin precedente en la historia de México: alrededor de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a quienes impartirían justicia en su nombre. No a legisladores. No a gobernadores. A juezas, jueces, magistradas y magistrados. Por primera vez, la ciudadanía tuvo una participación directa en uno de los poderes que más impacta su vida cotidiana.
Esa jornada fue histórica y, como toda primera vez, también dejó lecciones.
La reforma que hoy se discute en la Cámara de Diputados no busca deshacer lo construido en 2024, sino perfeccionarlo. Uno de sus ejes centrales debe explicarse con claridad, porque toca un principio fundamental: la elección judicial de 2028 debe ser un ejercicio democrático propio, separado de la lógica de los procesos político-electorales ordinarios.
¿Por qué importa esto? Porque elegir a un juez no es lo mismo que elegir a un diputado. La naturaleza de los cargos es distinta. Un legislador representa una posición política, una plataforma, un partido. Un juzgador representa la ley, la imparcialidad y la aplicación técnica del derecho. Cuando ambas elecciones ocurren en un mismo proceso, con las mismas boletas y en un ambiente cargado de campañas y debate partidista, existe el riesgo de que los perfiles judiciales se elijan con criterios políticos, lo cual contradice el objetivo de la reforma judicial.
El calendario también es relevante. En 2027 coincidirían la renovación de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales —más de 20 mil posiciones en total—. Incluir la elección de jueces y magistrados en ese mismo proceso habría generado una presión operativa difícil de sostener para el INE y habría debilitado la deliberación ciudadana sobre los perfiles judiciales, diluyéndola en una sobrecarga de información político-partidista. Moverla a 2028 no es un retroceso, sino una decisión de madurez institucional.
La reforma también atiende un problema evidenciado en la primera elección: la complejidad de la boleta. El exceso de candidaturas, especialidades mezcladas y la gran cantidad de información dificultaban la toma de decisiones en la casilla. La nueva propuesta organiza el territorio en distritos electorales judiciales vinculados a especialidades, reduce el número de candidaturas por cargo y simplifica el instrumento electoral, con el objetivo de permitir un voto informado y no confuso.
Otro punto relevante es que la reforma eleva a rango constitucional la capacitación permanente de las personas juzgadoras y crea una Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación, con el fin de homologar los estándares de selección entre los tres poderes. Esto busca reducir la discrecionalidad en la postulación de perfiles y fortalecer la transparencia del proceso.
Desde esta curul, votaremos a favor de esta reforma porque creemos en el origen del cambio impulsado en 2024 y en la necesidad de que funcione correctamente. Una justicia elegida por el pueblo, pero distorsionada por la lógica partidista, no es el modelo que México necesita. En cambio, una justicia con procesos ordenados, boletas comprensibles y estándares claros de evaluación sí puede fortalecer la confianza ciudadana.
El camino no está concluido. Ninguna transformación profunda se consolida de un solo impulso. Pero cada ajuste que surge de la experiencia es un paso en la dirección correcta.
La justicia le pertenece al pueblo. Lo que evoluciona es la manera de garantizarlo.
