El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a tiros este sábado en Oaxaca, semanas después de haber denunciado una agresión armada en carretera y en medio de reportes de que había solicitado protección a autoridades estatales.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el alcalde murió tras un ataque con disparos de arma de fuego en el municipio que gobernaba, ubicado en ese municipio de la región Mixteca.
Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados atacó al alcalde en su domicilio durante la mañana.
No obstante, la autoridad no detalló las circunstancias del crimen.
En un comunicado, la Fiscalía estatal aseguró que ya inició las investigaciones correspondientes «para delitos de alto impacto».
Agregó que equipos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Servicios Periciales fueron enviados al lugar para realizar el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó «enérgicamente» el asesinato y aseguró que instruyó a las autoridades para que el crimen no quede impune.
«En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades».
Bravo Martínez, de 53 años, gobernaba el municipio bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) y había participado en las elecciones de 2024 como candidato de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.
El homicidio ocurrió semanas después de que el edil denunciara haber sido víctima de una agresión en carretera.
De acuerdo con reportes de medios locales, el pasado 22 de mayo hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba sobre la carretera Acatlán-Oaxaca y lo golpearon junto con integrantes de su equipo.
Medios nacionales señalaron además que el alcalde había manifestado preocupaciones por su seguridad tras ese incidente y que habría solicitado protección a autoridades estatales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.
El asesinato a funcionarios públicos en México es un delito que persiste en el país. En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.
Foto tomada de redes sociales
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