El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado este martes a cuatro años y dos meses de cárcel por el Tribunal Supremo por coacciones a la justicia por sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.
Además de la condena de cárcel, que se cumpliría en régimen semiabierto, la alta corte le impuso una multa de 100 salarios mínimos, lo que equivale a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).
Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, quien vive desde el año pasado en Estados Unidos y no estuvo presente en la audiencia.
La condena implica de forma automática la inhabilitación política por ocho años de Bolsonaro, que perdió su acta de diputado el pasado diciembre, por un exceso de faltas a las sesiones de la Cámara baja.
Para argumentar su voto, el magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso, afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de gestionar ante la Administración estadounidense la imposición de sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con la intención de evitar una eventual condena.
El exgobernante, líder de la extrema derecha brasileña, fue condenado el pasado septiembre a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante su intervención, De Moraes exhibió varios videos de declaraciones y entrevistas en las que el exdiputado se refiere a las gestiones que realizó en Washington para promover sanciones contra Brasil y contra los jueces de la Suprema Corte.
«Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles», afirmó el juez.
Los jueces también rechazaron las solicitudes de nulidad del proceso presentadas por la defensa de Bolsonaro, que alegó la supuesta parcialidad del magistrado y deficiencias en la notificación al acusado.
El defensor público Esdras dos Santos Carvalho, abogado de oficio designado para representar al exdiputado, negó las acusaciones al sostener que este se limitó a ejercer una «interlocución política» ante el Gobierno de Estados Unidos.
Carvalho recalcó que Bolsonaro «no tuvo ningún poder de decisión sobre la política exterior estadounidense» y tampoco se sirvió de violencia o amenazas graves, circunstancias que son necesarias en el delito de coacción.
Esta tesis fue rechazada por los jueces, que interpretaron que la víctima de esas amenazas fue el sistema judicial brasileño.
Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos en febrero de 2025 para estrechar sus vínculos con la Administración del presidente Donald Trump.
El año pasado, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a varios de los magistrados del Tribunal Supremo brasileño que juzgaron y condenaron al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Washington justificó además la imposición de aranceles a Brasil en el proceso judicial contra Bolsonaro, que Trump calificó de «caza de brujas».
El hijo del expresidente y hermano del senador y aspirante presidencial Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos, por lo que no participó presencialmente en el juicio y estuvo representado por un abogado de oficio.
El juicio se desarrolló en la Primera Sala del Tribunal Supremo, integrada por cuatro jueces de perfil progresista, entre los que figura Cristino Zanin, exabogado de Lula, y Flávio Dino, exministro en el Gobierno de Lula.
