La diputada local de Morena, María Soledad Amieva Zamora, presentó una iniciativa con el objetivo de evitar que personas ajenas a las instituciones de seguridad pública utilicen uniformes, torretas, sirenas, logotipos, credenciales o cualquier otro elemento oficial para simular autoridad.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Seguridad Pública y al Código Penal del Estado. Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un Padrón Estatal de Proveedores Autorizados para la confección, manufactura, distribución y comercialización de uniformes y equipamiento policial. Además, establece lineamientos para el control de inventarios y resguardo, así como la incorporación de herramientas tecnológicas de autenticación.
Asimismo, plantea sanciones de dos a seis años de prisión y multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes fabriquen, distribuyan, comercialicen o utilicen uniformes, insignias, credenciales, torretas, balizaje o aditamentos que simulen la identidad de instituciones policiales, militares o de seguridad pública.
La iniciativa también prevé agravantes cuando estos elementos sean utilizados para cometer otros delitos o generar beneficios económicos indebidos.
Además, propone el aseguramiento, decomiso y destrucción de prendas, aditamentos, vehículos, así como de maquinaria, moldes, bordadoras, archivos digitales o cualquier instrumento utilizado para su fabricación ilícita.
Por otra parte, se impondrán penas de dos meses a dos años de prisión y multas de 10 a 100 UMA a quienes presten servicios privados de seguridad o se ostenten como prestadores de estos sin contar con la autorización y el registro legalmente requeridos.
La iniciativa establece que no se considerarán delictivas las actividades de colección ni las producciones artísticas, cinematográficas, educativas, teatrales o recreativas que utilicen réplicas de estos elementos, siempre que no se empleen para atribuirse el carácter de autoridad, ejercer funciones de seguridad pública, simular vehículos oficiales o generar confusión razonable con corporaciones oficiales durante su uso público.
Foto: Congreso del Estado
