Durante buena parte de mi carrera profesional he dedicado mi vida al análisis y atención del fenómeno terrorista internacional. Por más de 25 años, los analistas del mundo se concentraron principalmente en el riesgo yihadista y, en algunas regiones, en las expresiones revolucionarias, separatistas o etnonacionalistas de la violencia política. Sin embargo, también fuimos testigos de una mutación profunda: la metamorfosis del crimen organizado internacional hacia formas de violencia, intimidación, control territorial y desafío al Estado que lo han acercado peligrosamente al terrorismo.
Esa transformación obliga a mirar el caso mexicano con seriedad estratégica. El narcoterrorismo dejó de ser una expresión exagerada para convertirse en una categoría de presión sobre México. No porque todos los grupos criminales sean organizaciones terroristas en sentido doctrinal, sino porque algunos han incorporado métodos de terror: masacres, autos bomba, drones explosivos, ataques a autoridades, infiltración política, control territorial, cobro sistemático de extorsión, propaganda violenta y sometimiento de comunidades enteras.
Por décadas, México a tratado el narcotráfico como un problema de seguridad pública agravado. Después lo entendimos como delincuencia organizada. Más tarde como amenaza a la seguridad nacional. Hoy, la discusión internacional lo empuja hacia otra frontera: la del crimen organizado con efectos terroristas. Esa evolución no es semántica; tiene consecuencias diplomáticas, jurídicas, financieras, comerciales y militares.
La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos cambió el tablero. El mensaje de Washington es claro: el tráfico de fentanilo, la violencia transfronteriza, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la corrupción institucional ya no son observados solo como delitos, sino como amenazas directas a su seguridad nacional.
México se ha convertido en el epicentro del narcoterrorismo internacional desde el hemisferio occidental. No por una declaración formal, sino por la convergencia de factores que ningún Estado puede ignorar: organizaciones criminales con capacidad armada, control territorial, poder político, producción de drogas sintéticas, corrupción pública, infiltración institucional y una frontera directa con el principal mercado de consumo del planeta. Esa posición tiene consecuencias multisectoriales severas y coloca al país bajo una presión que ya no puede administrarse con diagnósticos parciales ni con respuestas fragmentadas.
El concepto de narcoterrorismo no nace únicamente de la brutalidad criminal. Nace también de la debilidad institucional. Donde hay policías infiltradas, fiscalías capturadas, municipios sometidos, aduanas vulneradas, cárceles gobernadas por internos, jueces amenazados y campañas políticas financiadas con dinero ilícito, el crimen deja de operar en los márgenes del Estado y comienza a administrarlo desde dentro. La corrupción no es un daño colateral: es la infraestructura invisible del poder criminal.
Debe incorporarse, además, una dimensión de máximo riesgo: el fentanilo. No se trata únicamente de una droga ilícita, sino de una sustancia de altísima potencia que, en determinadas condiciones de concentración, dispersión o aerosolización, puede ser analizada como arma de destrucción masiva. México es Estado Parte de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, lo que implica obligaciones internacionales de prevención, control, cooperación, investigación y cumplimiento frente al posible uso de sustancias tóxicas con fines prohibidos.
Si la evolución del fenómeno llevara a que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas incorporara el fentanilo, sus precursores o sus modalidades de uso criminal dentro de sus listas, alertas o esquemas prioritarios de riesgo, el problema dejaría de ser visto solo como narcotráfico para entrar en el terreno de las amenazas químicas no convencionales. Ese salto tendría consecuencias enormes para la reputación internacional del país, la vigilancia de cadenas químicas, la fiscalización de puertos y aduanas, y la cooperación obligada con organismos multilaterales especializados.
La posibilidad más grave, aunque extrema, sería que el caso mexicano escalara dentro de la agenda estratégica multilateral. Si Naciones Unidas, particularmente en el ámbito del Consejo de Seguridad, llegara a analizar formalmente la situación y concluyera que existen elementos suficientes para impulsar una resolución que catalogue a determinadas organizaciones mexicanas como terroristas o como amenazas a la paz y la seguridad internacionales, los impactos serían de máximas proporciones. Ya no se trataría solo de presión bilateral de Estados Unidos, sino de una arquitectura multilateral con efectos políticos, financieros, diplomáticos, judiciales y reputacionales para México.
Los impactos, incluso antes de llegar a ese escenario, pueden ser profundos. En lo diplomático, aumentará la exigencia de resultados verificables. En lo comercial, crecerán los controles sobre puertos, aduanas, transporte, empresas y cadenas de suministro. En lo financiero, habrá mayor escrutinio sobre operaciones sospechosas, beneficiarios finales, bienes raíces, casas de cambio, criptomonedas y sectores económicos vulnerables. En lo político, se multiplicará la presión sobre gobiernos estatales y municipales donde existan indicios de captura criminal.
Frente a ello, se necesita garantizar la no injerencia criminal en el sistema político, también el control de puertos, aduanas, carreteras, cárceles y municipios; depurar instituciones con mecanismos permanentes de contrainteligencia; y aceptar que la cooperación internacional no es renuncia a la soberanía cuando se conduce desde una posición de fortaleza.
México está ante una advertencia histórica: o reconstruye capacidades institucionales y enfrenta el fenómeno criminal con todo el poder del Estado abriendo sus instituciones para la cooperación internacional táctica y estratégica, o el mundo nos hará pagar con desconfianza absoluta.
La soberanía mexicana no está amenazada por reconocer y atender el problema. Lo está por subestimarlo.
@evrossainz
Foto de Notimex TV, CC BY 3.0
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