En marzo de 2025, un equipo de la Universidad de Columbia logró el primer embarazo asistido por un sistema de inteligencia artificial diseñado para buscar espermatozoides que la vista humana no percibe. La técnica, llamada STAR, adapta un algoritmo de astrofísica para encontrar una sola célula entre millones. La máquina encontró cuarenta y cuatro espermatozoides, en una hora. Los técnicos especializados no habían hallado ninguno en dos días. Gracias a esto, la pareja, que llevaba 19 años y quince ciclos de fertilización in vitro fallidos, hoy tiene una hija. Cualquiera que escriba sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la medicina debe empezar por admitir que la tecnología logró lo que ningún ojo humano pudo hacer.
Dicho eso, es pertinente analizar ahora todo el contexto. Más de 40 millones de personas le hacen cada día a ChatGPT una pregunta sobre su salud. En enero de 2026, OpenAI lanzó dos productos que se diferencian en una sola palabra: ChatGPT Health, para el público general, y ChatGPT for Healthcare, para hospitales.
La diferencia no es de marketing, es de derecho: solo el segundo opera bajo el acuerdo que exige la ley estadounidense de privacidad médica. El contrato del primero es claro: si el usuario entrega sus datos a una empresa que no presta servicios de salud, rige la máxima “bajo tu responsabilidad”. Ningún organismo regulador vigila hoy lo que millones de personas le confían sobre su propio cuerpo a estos sistemas, advierte Bradley Malin, profesor de informática biomédica en la Universidad de Vanderbilt.
El primero de mayo de este año, Pennsylvania demandó a Character Technologies porque uno de sus personajes virtuales ejercía como psiquiatra. “Emilie” decía haber estudiado en el Imperial College de Londres y tener licencia en el Reino Unido y en Pennsylvania; daba incluso un número de cédula, falso como todo lo demás. Para el 17 de abril, cuarenta y cinco mil quinientas personas ya habían conversado con ella. Pennsylvania demandó con una ley centenaria, porque no existe todavía una norma pensada de origen para esto. Un artículo de este año en NPJ Digital Medicine documenta, además, un chatbot que aseguró que no había interacción entre Paxlovid y Verapamilo. La publicación dique que sí la hay, y que puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial. Este error, si viniera de un médico con cédula, sería evaluada como mala práctica.
La responsabilidad civil y la regulación sanitaria se construyeron, durante más de un siglo, sobre una idea simple: detrás de un consejo o receta médica hay un profesional identificable, con cédula, con seguro, con un marco normativo que cumplir. La inteligencia artificial conversacional rompe esa condición. No tiene cédula que perder, no paga prima de seguro de responsabilidad profesional, no hay quien la vigile. Y sin embargo aconseja sobre salud a una escala que ningún médico podría jamás alcanzar.
El tema no es si se debe frenar o no el desarrollo de estas herramientas tecnológicas. El reclamo es más bien jurídico: que exista un estándar de cuidado exigible, comparable al que ya rige la práctica médica, aplicable a quien diseña y comercializa estos sistemas, con consecuencias patrimoniales concretas cuando ese estándar se incumple. Que el usuario sepa, sin descifrar cuarenta páginas de términos de servicio, si habla con un sistema clínicamente validado o con un asistente de conversación general.
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