El Congreso del Estado analizará con estricto apego a la ley la solicitud de revocación de mandato presentada contra la presidenta municipal de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez.
El legislador señaló que la petición promovida por regidores del Ayuntamiento fue turnada para su análisis legislativo, luego de ser presentada durante una sesión ordinaria del Poder Legislativo.
Gaspar Ramírez enfatizó que el procedimiento no responderá a decisiones unilaterales ni a criterios políticos, sino que se desarrollará conforme a los mecanismos legales establecidos y con una revisión exhaustiva de las pruebas aportadas por los promoventes.
Indicó que las comisiones correspondientes evaluarán la documentación presentada para determinar si existen elementos suficientes que sustenten la solicitud de revocación de mandato, evitando posibles afectaciones jurídicas derivadas de una resolución apresurada.
Asimismo, afirmó que el Congreso garantizará un proceso transparente, respetando el derecho de audiencia de la alcaldesa y privilegiando la estabilidad institucional y la gobernabilidad en el municipio.
“Corresponde al Poder Legislativo desahogar el procedimiento con estricto rigor jurídico. Nuestro objetivo común es el bienestar, la estabilidad y la paz de las y los habitantes de Acatlán. El único compromiso es con el pueblo y con lo que establece la ley”.
La solicitud de destitución se da en medio de diversos señalamientos contra la edil relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, entre ellas viajes al extranjero, la compra de artículos de lujo, posibles inconsistencias en el manejo del presupuesto municipal, incrementos salariales y problemas de seguridad pública.
De igual forma, recientemente los regidores aprobaron la destitución del secretario general del Ayuntamiento y del secretario de Seguridad Pública Municipal por presuntas irregularidades en el desempeño de sus responsabilidades.
El Congreso del Estado deberá seguir el procedimiento correspondiente para determinar si existen elementos jurídicos que permitan avanzar en la solicitud presentada por los integrantes del Cabildo.
Foto de Daniela Portillo/Agencia Enfoque
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