Venezuela no enfrenta solamente una emergencia humanitaria. Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, activaron una crisis de seguridad nacional que compromete la gobernabilidad, la infraestructura crítica, la cohesión social y la continuidad operativa del Estado.
Al 28 de junio, el balance oficial superaba los mil 400 fallecidos y 3 mil 200 heridos. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6.8 millones de personas podrían encontrarse dentro de las zonas afectadas. La Guaira y la Gran Caracas concentran la mayor destrucción, con daños en hospitales, comunicaciones, carreteras, redes eléctricas y transporte aéreo.
Los terremotos son fenómenos de origen natural; las catástrofes resultan de la interacción entre amenazas, exposición y vulnerabilidades. Estas últimas dependen de la fortaleza institucional, el cumplimiento de las normas de construcción, mantenimiento de la infraestructura y la capacidad gubernamental para prevenir y responder.
En últimas horas, especialistas internacionales han identificado edificios antiguos sin reforzamiento, construcciones recientes de calidad cuestionable y asentamientos sobre suelos expuestos a ondas sísmicas. Los peritajes deberán determinar responsabilidades, particularmente en los desarrollos construidos durante los gobiernos de los dictadores marxistas Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En 2011, Chávez presentó la Gran Misión Vivienda Venezuela como emblema de la revolución bolivariana. Maduro continuó el programa y afirmó haber entregado millones de viviendas. Sin embargo, organizaciones independientes documentaron opacidad presupuestaria, inconsistencias estadísticas, obras en zonas de riesgo, fallas constructivas y ausencia de información verificable sobre contratistas y supervisores.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación documentó que uno de esos contratos, por 126 millones de dólares, fue entregado a una empresa extranjera que, según una investigación del propio gobierno venezolano, carecía de capacidad técnica y experiencia suficientes.
La corrupción no provoca terremotos, pero multiplica sus consecuencias. La evidencia comparada demuestra que los regímenes autoritarios presentan una propensión proporcionalmente mayor a la corrupción pública. No se trata de una relación ideológica automática ni significa que todas las democracias sean transparentes. El factor determinante es institucional: cuanto mayor es la concentración del poder y menores los contrapesos, más oportunidades existen para desviar recursos y garantizar impunidad.
Los autoritarismos subordinan al Poder Judicial, restringen la prensa, persiguen organizaciones civiles y eliminan auditorías independientes. La corrupción deja entonces de ser una desviación del sistema y se convierte en uno de sus mecanismos de funcionamiento.
En 2025, Transparencia Internacional, confirmó la asociación entre debilitamiento democrático y corrupción. Venezuela obtuvo apenas 10 puntos sobre 100 y ocupó el lugar 180 de 182 países. Nicaragua, gobernada por otro régimen autoritario surgido de una revolución socialista, quedó en el lugar 175.
Desde la perspectiva de seguridad nacional; ante esta catástrofe, Venezuela enfrenta cinco riesgos inmediatos: interrupción de servicios esenciales, desplazamientos internos, desórdenes sociales, incremento de la migración internacional y captura política o criminal de la ayuda humanitaria. También existe el riesgo de que actores externos utilicen la reconstrucción para obtener contratos, acceso a recursos estratégicos o influencia política.
La ayuda internacional resulta indispensable, pero deberá contar con trazabilidad financiera, supervisión técnica independiente y mecanismos multilaterales de rendición de cuentas. Reconstruir bajo las mismas estructuras de opacidad reproduciría las vulnerabilidades que contribuyeron a la tragedia.
El desastre ocurre cuando el chavismo atraviesa su mayor debilidad histórica. Nicolás Maduro fue removido del poder, pero su estructura política que por definición es profundamente corrupta, permanece bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. El terremoto destruye ahora la narrativa según la cual la revolución garantizaba protección social. Este puede ser el principio del fin del chavismo. No porque los desastres derroquen gobiernos, sino porque los escombros revelan lo que el autoritarismo pretende ocultar: un Estado debilitado por la corrupción e incapaz de proteger a su población; en México desde 1985, hasta hoy seguimos aprendiendo esa lección.
Es momento para que los venezolanos alcen la voz y reclamen su derecho democrático a decidir el futuro de la nación. La reconstrucción material debe acompañarse de justicia, elecciones libres, división de poderes, rendición de cuentas y pleno respeto a las libertades ciudadanas. Venezuela no solamente necesita reconstruir sus edificios: necesita reivindicar a Bolívar recuperando la democracia como punto de partida para reconstruirse como país.
@evrossainz
Foto: EFE
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