En México, el financiamiento de campañas políticas por parte del crimen organizado es una realidad. Nuestros socios estratégicos lo saben, cuentan con evidencia, están actuando en consecuencia y los impactos potenciales representan un riesgo de muy alto nivel. Cuando alguien cruza esa línea maldita para alcanzar objetivos políticos, todo lo demás se reduce a consecuencias.
El dinero sucio no siempre llega con maletas visibles ni pactos firmados. A veces entra como efectivo no reportado, logística pagada por terceros, propaganda negra, movilización territorial, amenazas, silencios comprados o violencia selectiva. El International Institute for Democracy and Electoral Assistance ( IIDEA) —organismo intergubernamental con sede en Estocolmo dedicado al fortalecimiento democrático— advierte que el financiamiento político sin controles erosiona la confianza, distorsiona los procesos democráticos y abre la puerta a la corrupción.
El Armed Conflict Location & Event Data, monitor independiente de violencia política, conflicto y protesta— documentó que la elección presidencial mexicana de 2024, tuvo más de 330 incidentes de violencia contra figuras políticas durante la campaña y al menos 95 hechos con una o más muertes reportadas. También señaló que más de 80% de los ataques contra candidaturas, familiares o simpatizantes se vinculó con cargos locales. Ahí está la clave: el crimen entiende que el municipio es el acceso directo al territorio.
El Woodrow Wilson International Center for Scholars, centro de pensamiento no partidista con sede en Washington, D.C., creado por el Congreso de Estados Unidos— ha señalado que la criminalización electoral en México es predominantemente local. La alcaldía, el cabildo, la tesorería, la dirección de seguridad pública y las áreas de obra son puntos de acceso al presupuesto, a la policía, a los permisos, a los mercados ilícitos y a la impunidad.
Desde el 31 de diciembre, en la Agenda Nacional de Peligros y Riesgos México 2026 (ANPR-2026), advertí que la infiltración criminal en los partidos políticos sería uno de los riesgos centrales para México. No se trataba solamente de violencia en campañas, sino de algo más profundo: la penetración criminal en la selección de candidaturas, el financiamiento de operadores, la presión sobre dirigencias locales y la conversión de partidos políticos en vectores de acceso al poder público.
En las matrices de riesgo que se están analizando a partir del segundo semestre de 2026 para la construcción de la ANPR-2027, los indicadores son preocupantes. La conclusión preliminar es que el proceso electoral de 2027, debe observarse desde ahora como riesgo estratégico para la seguridad nacional. Será violento, y se advierte una probabilidad alta de que miembros activos de grupos delictivos, ocupen en todos los partidos, candidaturas para los procesos electorales contendiendo para alcaldías, regidurías, congresos locales, federal, y gubernaturas.
La elección deja entonces de ser competencia justa y se convierte en licitación clandestina del poder. Gana quien obtiene votos, sí; pero también quien llega con protección armada, dinero no fiscalizado, generadores de violencia y acuerdos ilegales. El resultado es devastador: autoridades formalmente electas, pero materialmente condicionadas; gobiernos que protestan cumplir la Constitución, aunque su camino al cargo haya sido construido violando la ley.
Los impactos son profundos. Primero, se destruye la legitimidad democrática: el ciudadano vota, pero no necesariamente decide. Segundo, se corrompe la administración pública desde el origen, porque el dinero invertido exige retorno en contratos, permisos, nombramientos y protección. Tercero, se degrada la seguridad nacional, porque el crimen deja de operar solamente contra el Estado y empieza a operar desde dentro de sus instituciones. Cuarto, se afecta la economía formal, sometida a extorsión, cuotas y competencia desleal.
IIDEA ha planteado que el financiamiento político ilícito puede utilizarse de manera sistemática para capturar dependencias, gobiernos locales, territorios o incluso Estados completos. Ese es el riesgo mexicano: que el dinero de sangre no solo compre campañas, sino que capture decisiones públicas, presupuestos, instituciones y destinos comunitarios.
México necesita una agenda seria de integridad electoral rumbo a 2027: depuración de las instituciones de seguridad y justicia infiltradas por el crimen, fiscalización en tiempo real, inteligencia financiera aplicada a campañas, investigación patrimonial de candidatos y operadores, trazabilidad de proveedores, auditorías forenses, protección efectiva a candidatos amenazados y consecuencias penales reales para quien acepte dinero criminal, de no hacerlo se incrementa exponencialmente el riesgo de una infiltración de la presidencia de la república en el 2030.
La pregunta final es inevitable: ¿estarán los partidos políticos dispuestos a sacrificar su capital criminal y, en consecuencia, algunos de sus triunfos electorales, para garantizar un verdadero ejercicio democrático? ¿O seguiremos siendo un país donde la legalidad se proclama en los discursos, mientras el poder se negocia en la sombra con quienes han hecho de la violencia, la corrupción y la impunidad una forma de gobierno?
Los mexicanos debemos decidir entre elecciones libres o procesos electorales administrados por el miedo; si queremos partidos democráticos o franquicias territoriales del crimen; si queremos Estado de derecho o simplemente seguir siendo un país gobernado por criminales.
@evrossainz
Foto de Eleazar Narciso/Agencia Enfoque
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