Las empresas constructoras que busquen ejecutar proyectos de obra pública en Puebla serán calificadas y sancionadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una vez que se apruebe una reforma en el Congreso.
El presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro Martínez, dio cuenta a los diputados sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública del Estado, enviada por el gobernador, Alejandro Armenta Mier.
El documento, en su exposición de motivos, señala que actualmente no se encuentra establecida la dependencia responsable de verificar la trayectoria y experiencia de las firmas que buscan ejecutar obra pública.
La propuesta establece con claridad que será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el ente responsable de aprobar a las empresas que pretendan construir carreteras, escuelas u hospitales, entre otros.
Las constructoras interesadas deberán comprobar que cuentan con solvencia económica, experiencia y buena reputación en el sector para poder participar en los procesos de licitación.
Asimismo, en caso de que presenten información incompleta o confusa tendrán la posibilidad de corregirla y si esta resulta ser falsa se harán acreedoras a una sanción, conforme lo establece la ley vigente.
La iniciativa del gobernador, presentada por el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, fue turnada a la Comisión de Infraestructura y Comunicaciones para su estudio y dictaminación correspondiente.
