La diputada mexicana Giselle Arellano promovió esta semana una iniciativa para reformar la fracción inicial del artículo 282 del Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar a quien amenace a otra persona por cualquier medio —directo, indirecto, verbal, escrito, simbólico, digital o electrónico— con el fin de causarle daños, según informó la Cámara de Diputados este sábado en un documento.
La diputada Giselle Arellano, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es quien promueve la citada iniciativa, que observa una sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa (unos 3.200 a 6.400 dólares).
El proyecto también establece que el daño puede ser a la integridad física, psicológica o sexual, en bienes, honor o derechos de alguien con quien el sujeto pasivo mantenga o haya mantenido un vínculo familiar, afectivo, laboral, de convivencia o de cualquier otra naturaleza análoga, señaló la Cámara de Diputados en un comunicado.
La diputada Arellano precisó que la iniciativa «busca fortalecer el tipo penal, actualizar su contenido a la realidad criminológica contemporánea y armonizarlo con los estándares constitucionales», además de consolidar un marco jurídico que vinculan al Estado mexicano que «prevenga la normalización de prácticas de intimidación y violencia» y que promueva la convivencia pacífica dentro y fuera de los entornos digitales.
Destacó que la redacción vigente corresponde a la época en que los medios de comunicación se reducían fundamentalmente al contacto directo y a la escritura postal.
Sin embargo, explicó que «la irrupción masiva de las tecnologías» de la información y comunicación, en particular las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, el correo electrónico, entre otros, «han generado nuevas modalidades de amenazas».
El documento, enviado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, subraya que «actualmente las amenazas ya no se limitan a interacciones presenciales o comunicaciones tradicionales», sino se manifiestan a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, plataformas digitales, incluso mediante perfiles anónimos o cuentas automatizadas.
Asimismo, se advierte que en particular se han incrementado las amenazas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y grupos vulnerables, por lo que diversos organismos nacionales e internacionales advierten que las intimidaciones constituyen la antesala de conductas más graves de violencia física, psicológica y sexual, de ahí que su atención oportuna resulta indispensable.
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