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Brasilia. La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó a la Corte Suprema revocar los decretos del mandatario brasileño Jair Bolsonaro que facilitan la compra y portación de armas en el país.
Dodge pidió al máximo tribunal declarar inconstitucionales los seis decretos que han sido oficializados por Bolsonaro desde su llegada al poder, en enero pasado, al considerar que «van en contra de la ley nacional y alteraron la política pública definida democráticamente por el Congreso».
El camino adecuado para reformar y sustituir las políticas públicas «sobre la comercialización, posesión y porte de armas de fuego es a través del Congreso, lugar destinado a la deliberación democrática de los temas más importantes», dijo Dodge la víspera, en el último día que ocupó el cargo como fiscal general.
El mandatario Bolsonaro emitió la víspera un decreto que autoriza a dueños de haciendas y espacios rurales dedicados a la agricultura a portar armas de fuego como medida de protección personal y de sus propiedades.
Bolsonaro nombró al fiscal general adjunto Augusto Aras para sustituir a Dodge en el cargo, y su nombramiento deberá ser aprobado por el Comité de Constitución y Justicia del Senado (CCJ) y el pleno de la cámara, lo que se prevé ocurra el próximo 25 de septiembre, de acuerdo con la Agencia Brasil.
Hasta su aprobación, la Oficina del Fiscal General estará encabezada interinamente por el vicepresidente del Consejo Superior del Ministerio Público, Alcides Martins.
